La Ley francesa de lucha contra el cambio climático, rechazada por las asociaciones de transportistas por el contenido de algunas medidas que afectan al futuro del transporte de mercancías por carretera, entrará próximamente en vigor.

La nueva normativa, que afectará no solamente a las empresas del país galo, sino a las más de 30.000 empresas españolas dedicadas al transporte internacional, ha recibido el visto bueno del Consejo Constitucional y ya ha sido refrendada por ambas Cámaras Legislativas.

Entre las medidas más perjudiciales que introduce, Fenadismer destaca la prohibición de la circulación de vehículos de transporte propulsados por combustibles fósiles en los ámbitos metropolitanos de las ciudades de más de 150.000 habitantes a partir del 31 de diciembre de 2024.

Por tanto, en apenas tres años, los vehículos diésel o gasolina ya no podrán circular libremente, a pesar de que la disponibilidad de vehículos limpios seguirá siendo muy limitada. Esto llevará previsiblemente a muchos problemas de suministro y a la reducción de la actividad para muchos transportistas.

También se eliminará la devolución del gasóleo profesional para camiones diésel a partir del 1 de enero de 2030, pero simultáneamente se permitirá seguir vendiendo vehículos que utilizan combustibles fósiles hasta 2040, por lo que los transportistas serán gravados con impuestos elevados durante al menos 10 años.

Otras medidas

Por otro lado, la Ley prevé la posibilidad de diferenciar los precios de los peajes según el tipo de motorización o las emisiones de dióxido de carbono.

Esto significa que además de pagar un alto precio por el gasóleo profesional, los transportistas pagarán aún más en los peajes, que ya se han incrementado en más de un 40% desde la privatización de las empresas que los gestionan.

A ello se suma la posibilidad de los gobiernos regionales de implantar a partir de 2024 una ecotasa a los camiones por el uso de las carreteras nacionales francesas.

Desde la Federación, entienden esta nueva norma como una «cruzada» irracional, que supone ignorar el servicio esencial que presta para el desarrollo de las restantes actividades económicas y el suministro diario de productos para los ciudadanos.

En este sentido, cabe recordar que los transportistas emiten menos del 6% de las emisiones de CO² a nivel nacional y el 1% de las emisiones a nivel mundial.

Por tanto, el hecho de que los transportistas franceses paguen más impuestos no resolverá el problema del cambio climático, pero sí contribuirá a la «muerte» económica del sector, especialmente de las pequeñas empresas.