Tal y como estaba previsto, la Diputación de Guipúzcoa no da su brazo a torcer y acude torticeramente al argumento de la voluntad popular, expresada por las Juntas Generales de la provincia y de las que sale elegido el propio gobierno de la demarcación, para justificar que no está dispuesta a acatar la sentencia del Supremo en relación con los peajes para camiones.
Así lo ha expresado la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, en una reciente comparecencia parlamentaria, en la que ha afirmado que “la Diputación seguirá acatando el mandato y cumpliendo con la actual norma foral, por lo que los peajes en Gipúzcoa seguirán vigentes”.
Así mismo, la responsable foral ha declarado que los servicios jurídicos de la Diputación Foral están estudiando la sentencia del Tribunal Supremo a fin de determinar si es necesario interponer algún recurso, dado que, en su opinión, en sus fundamentos jurídicos no se da respuesta a algunas de las principales cuestiones suscitadas.
A juicio de Oiarbide, el Alto Tribunal no analiza en profundidad ni explica en qué consiste la discriminación que alega la sentencia, así como que tampoco cuestiona el establecimiento de los peajes ni que a través de ellos se puedan recuperar los costes contemplados en la Directiva europea.
Además, las autoridades provinciales guipuzcoanas se agarran al cambio legal introducido después, por lo que el de la sentencia no estaría vigente. Además, sigue estando pendiente de lo que resuelva el Supremo definitivamente, tras su anulación por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
