Los administradores consideran que las medidas del proyecto de pago de deuda y viabilidad diseñado por el Gobierno "son asequibles" y constituyen "la única vía con visos de evitar la liquidación" de las autopistas.
Así lo indica el informe emitido por la administración concursal de Accesos de Madrid, sociedad concesionaria de las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5, las primeras de las ocho autopistas en quiebra a las que Fomento ha presentado su plan de rescate como propuesta de convenio de acreedores.
El plan del Ministerio pasa por fusionar las vías en una sociedad pública tras previamente aplicar una quita del 50% a su deuda de 3.400 millones de euros y convertir el resto a un bono a treinta años. Fomento irá presentando este proyecto como convenio de acreedores en los procedimientos concursales en que están inmersas el resto de autopistas
Los administradores de estas dos radiales concluyen así su informe, "informando favorablemente" sobre el proyecto de rescate de Fomento, a pesar de apuntar que "no está libre de escollos".
En este sentido, señalan que el plan presenta "importantes deficiencias formales y falta de información financiera que podrían suponer importantes escollos a la hora del cumplimiento efectivo del convenio".
No obstante, concluyen que los "puntos esenciales" del proyecto de Fomento "parecen razonables financieramente y adecuados para el objetivo de que las autopistas continúen con su actividad empresarial".
A pesar de todo, el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid aún no ha abierto el preceptivo plazo para que los acreedores se manifiesten sobre su aceptación al plan, dado que actualmente está recurrido por los bancos acreedores extranjeros.
El grupo de entidades que ha presentado un recurso de reposición, solicitan al juez que no admita este plan del Gobierno por los "múltiples y graves defectos" que presenta.
En concreto, argumentan que Fomento remitió fuera de plazo su propuesta, que "contempla compromisos de pago que el Ministerio no tiene garantizados" y que "pretende extender sus efectos a todos los acreedores privilegiados, incluso a los que no se adhieran al plan".
También alega que no cuenta con la "preceptiva autorización para superar los límites legales de quita y espera".
El recurso de este grupo de bancos supone una nueva dilatación del proceso de rescate de las autopistas.