Un informe de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) demuestra cómo determinadas empresas de diferentes ámbitos, incluido el del transporte, utilizan sociedades multiservicios o sociedades pantalla para pagar menos impuestos, reducir salarios y ofrecer peores condiciones de trabajo.
Según recoge el sindicato UGT, se trata de entidades jurídicas que se establecen en un país de la Unión Europea donde tienen poca o ninguna actividad económica con el fin de aprovecharse de un régimen fiscal y de salarios más favorable.
El informe, titulado 'El impacto de la utilización de las sociedades multiservicios sobre los derechos de los trabajadores y los ingresos públicos', presenta varios ejemplos en diferentes países.
En el ámbito del transporte, destaca el de Vos Transport, sociedad holandesa de transporte por carretera que tiene el 70% de su cifra de negocio y actividad en los Países Bajos, pero realiza el 50% de los trayectos a través de contratos con sociedades multiservicios en Rumanía y en Lituania, donde no tienen oficinas.
Los contratos de los conductores están firmados por un director holandés y reciben las instrucciones de su trabajo desde los Países Bajos. Su salario mensual es de 200 euros, ya que el resto de conceptos son reembolsos de gastos y dietas no declaradas al fisco.
Una amenaza para la profesión
La Federación Europea del Transporte (ETF) señala que, lejos de ser una excepción, los salarios bajos y las condiciones precarias que ofrecen estas sociedades son el punto de referencia de la industria actual. Esto supone una amenaza, no sólo para estos conductores, sino para la profesión en general.
El informe también indica que este tipo de entidades son las que realizan el 83% de las inversiones extranjeras directas en los Países Bajos y el 96% en Luxemburgo, lo que demuestra que la gran mayoría de las inversiones extranjeras en estos países tiene por objeto pagar menos impuestos.
Esto perjudica los derechos de los trabajadores, así como los ingresos públicos, fomentando claras desventajas para las empresas que pagan salarios correctos y sus correspondientes impuestos.
La próxima fase de este proyecto de la CES, que está financiado por la Comisión Europea, será estudiar soluciones para terminar con esta situación. Por el momento, las autoridades francesas y belgas están siendo muy activas en la lucha contra el 'dumping social'.