Esta misma semana, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado en una entrevista que en las autovías españolas se implantarán peajes en 2024 "por imposición de Bruselas" y, al mismo tiempo, ha reclamado un gran acuerdo político entre los dos principales partidos del país para concretar este proyecto.
Estas declaraciones, que no son las primeras polémicas de Navarro en relación con este mismo asunto de los peajes en autovías, han levantado un gran revuelo, amplificado, además, por el eco que genera la campaña de las próximas Elecciones Generales del 23 de julio.
Implantar una tasa en una red que es gratuita desde hace décadas constituye un asunto que ninguna de las formaciones políticas que concurren a las urnas quiere mentar, a no se que sea para arrojarle el proyecto al oponente, tal y como ha sucedido en el único debate cara a cara emitido por televisión esta misma semana.
Como consecuencia, y prácticamente de inmediato, la Dirección General de Tráfico ha emitido una nota en la que lamentaba "profundamente la confusión" generada por su director general, para, a continuación, precisar que no dispone de "ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse" en relación con esta iniciativa.
Al tiempo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también ha negado la mayor, mientras que en Twitter, la CETM recordaba que el Gobierno ha garantizado que esta medida contaría con el consenso del transporte de mercancías y ha afirmado que exigirá el próximo Ejecutivo que salga de las urnas el cumplimiento de este acuerdo.
PP y PSOE saben desde la primera década de este siglo que la tarificación de las infraestructuras mediante sistemas de pago por uso llegaría tarde o temprano a España. De hecho, las provincias de Guipúzcoa primero y de Vizcaya, después, ya utilizan estos métodos para recaudar fondos por la utilización de sus redes viarias de alta capacidad. Incluso Cataluña y Navarra han amagado con introducirlos.
Son ya varios los estudios realizados para implantar el sistema a escala nacional en el país que han sido guardados sistemáticamente en un cajón, por la impopularidad de esta medida, y porque ambas formaciones políticas han decidido tratar a la ciudadanía como si fueran niños pequeños a los que no desairar, pero ahora el Gobierno ha incluido el pago por uso en los compromisos adoptados con la Comisión Europea para recibir los fondos de recuperación.
Sin embargo, todos saben también que los asuntos de Bruselas pueden llegar allí de una determinada manera, para transformarse a su paso por las instituciones europeas y acabar siendo algo totalmente distinto.
Así pues, todo parece indicar que se implantará un sistema de pago por uso en la red viaria de alta capacidad del país. Inicialmente todo apunta a que se hará durante 2024, pero esto tampoco es seguro del todo. Ya se verá.
