«Sostenella y no enmendalla«. Ese parece ser el nuevo lema de la Diputación de Guipúzcoa, al menos en lo que respecta al «culebrón» de los peajes declarados ilegales por la justicia. Lejos de asumir la sentencia del Tribunal Supremo, la Diputación de Guipúzcoa, inasequible al desaliento y a que la realidad pueda enmendar sus planes, insiste en mantener contra todo pronóstico, el cobro de los peajes a camiones, puestos en marcha en noviembre de 2018, tanto en la N-1 como en la A-15.

Contra esta medida administrativa hay una sentencia ya firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nulo la norma que lo regula, confirmada a su vez por el Auto del Tribunal Supremo de inadmisión del recurso de casación presentado por la administración provincial, que fué notificado a las partes la semana pasada.

En una estrategia difícil de comprender, la Diputación de Guipúzcoa intenta mantener vigente el cobro de los peajes con nueva artimaña judicial, mediante la interposición de un nuevo incidente de nulidad contra el Auto del Supremo, pese a que previsiblemente no será admitido a trámite.

Pese a la firmeza de la sentencia, la Diputación de Guipúzcoa continúa cobrando a día de hoy, tres años y medio después de su entrada en vigor, el peaje a los transportistas en ambas vías, complicando aún mas que estos puedan recuperar todo lo recaudado durante el tiempo de de vigencia y pese a las responsabilidades que dicha actuación puede conllevar por incumplir manifiestamente dicha decisión judicial.