«La fusión de autoridades portuarias, con el modelo actual español, no comportaría ningún tipo de ahorro de economía de escala».

Así lo ha señalado el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, desde el stand que el organismo público ha levantado en la feria Fruit Attraction, que se está celebrando esta semana en Madrid, y en el que ha pasado revista en un encuentro con la prensa especializada a los principales asuntos que están sobre la mesa de la Administración.

El punto en el que se encuentra el proceso para la reforma del sistema de estiba español, la necesidad o no de cambiar el modelo portuario del país ante las inevitables comparaciones con Italia, que ha reducido recientemente el número de sus autoridades portuarias, o el informe del Tribunal de Cuentas Europeo que critica varias actuaciones realizadas en España han sido algunos de los temas analizados.

En opinión de Llorca, Italia ha reducido sus autoridades portuarias con el fin de centralizar el control de la política portuaria en torno al Estado. En este sentido, la gestión y control por parte del Gobierno central en España ya está centralizada en la figura de Puertos del Estado.

Además, el presidente del organismo público ha reiterado que en España «no compiten los puertos, si no la terminales», por lo que el hecho de que haya menos autoridades portuarias no comporta ahorros necesariamente para los usuarios de las infraestructuras portuarias.

La estiba sigue a la espera de un nuevo Gobierno

Con respecto a la reforma de la estiba, la misma está «a la espera de un nuevo Gobierno», ya que la propuesta de la Administración española ya ha sido presentada a la Comisión Europea. Lo que no ha aclarado Llorca es si dicha propuesta es la consensuada con los sindicatos españoles. 

Llorca niega que existan cuellos de botella en Puertos del Estado en lo que respecta a las solicitudes de ampliación concesional.

El carácter de interinidad del actual Gobierno le impide legislar, por lo que, de producirse elecciones en diciembre y mantenerse la Administración actual, el proceso se alargaría como mínimo hasta febrero o marzo, rozando el plazo en el que comenzaría a imponerse la multa europea. Cabe la posibilidad de que Europa otorgue cierto margen a España por su peculiar situación política, pero eso deberán decidirlo los tribunales.

El presidente del organismo público también ha criticado abiertamente el reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo, principalmente, por no «auscultar con la vista puesta en el largo plazo» las nuevas infraestructuras generadoras de capacidad.

Por otro lado, Llorca ha negado que exista «ningún cuello de botella» en Puertos del Estado en lo que se refiere a las solicitudes de ampliación presentadas por las concesionarias al amparo de la Ley 18/2014.

No obstante, hasta la fecha se han concedido menos de 10 autorizaciones de las 47 solicitudes que han llegado formalmente al organismo público. Además, muchas solicitudes han llegado «muy poco elaboradas» por parte de los solicitantes, que tal vez esperaron «al último momento» para presentarlas.

Otro de los temas que más preocupan en Puertos del Estado es la caída del tráfico ferroportuario, que ha descendido un 15% en el presente 2016, debido a que «los operadores privados no están pudiendo absorber los tráficos que está dejando de operar Renfe Mercancías».