puerto de Genova

El gobierno italiano reduce a 15 las autoridades portuarias del país.

Italia ha publicado recientemente el decreto para la reforma de la ley portuaria, un texto que ha llevado más de tres años de negociaciones entre las administraciones, que ha de permitir, según sus impulsores, la consecución de un sistema portuario más competitivo.

Uno de los cambios más importantes que trae consigo la nueva ley es la reducción de autoridades portuarias en el país, que pasan de 24 a 15, con el fin de reducir costes, fortalecer el sistema portuario y permitir una distribución más adecuada de los recursos públicos.

El gobierno italiano apuesta así por un modelo de gestión que difícilmente podría ser trasladado a España, donde a pesar de haber 28 autoridades portuarias que gestionan 48 puertos considerados de ‘interés general’, no son pocas las administraciones autonómicas y locales que exigen un mayor control sobre los puertos que se encuentran en su territorio.

El nuevo reglamento cambia incluso el nombre los organismos gerentes, que pasan a ser «autoridades del sistema portuario». Estarán bajo el paraguas del Ministerio de Transporte y de Infraestructuras, que tendrá la última palabra en las inversiones a acometer en las instalaciones portuarias, en la estrategia nacional de puertos y en la organización de todo el sistema.

Para aligerar los trámites administrativos, la reforma establece la creación de tres ventanillas que se encarguen de gestionar las concesiones portuarias, los trámites aduaneros y la llegada y salida de buques, con el fin de reducir la carga burocrática denunciada por los operadores.

Por otro lado, los presidentes de las autoridades portuarias tendrán que informar de sus acciones en el marco de la ‘Conferencia Nacional de Coordinación’, una organización creada en el marco de la remodelación del sistema portuario.

Aunque la nueva norma entra en vigor el 15 de septiembre de 2016, el gobierno italiano nombrará a los nuevos presidentes de los organismos gestores en octubre o noviembre. Además, algunos puertos dispondrán de dos o tres años para adaptarse a la nueva norma.