El gobierno catalán ha intervenido en el conflicto empresarial surgido en Barcelona por la aprobación por parte del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico, más conocida como "tasa Amazon".
La Autoridad Catalana de Competencia ACC ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, uniéndose a los ya presentados por la patronal UNO y Asempre.
Estos recursos cuestionan la posible discriminación de la tasa al limitar su pago a la distribución de paquetes a domicilio, eximiendo otros tipos de mercancías, así como la exención de Correos y la exención del impuesto en ciertos puntos de recogida. Además, argumentan que la tasa incurre en doble imposición, tiene una tarifa mal calculada y es discriminatoria para los ciudadanos de Barcelona.
[sumario]El importe de la tasa se determinará en base a un porcentaje de los ingresos brutos facturados por la empresa, con un límite máximo de 2,6 millones de euros según el reglamento de la norma.[/sumario]
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar de la patronal UNO, pero mantiene la tasa vigente mientras se estudia el caso en profundidad.
El Ayuntamiento de Barcelona justifica por su parte la tasa debido al aumento del comercio electrónico durante la pandemia y alega que las grandes empresas están utilizando gratuitamente el espacio público, que es, a su juicio, un recurso escaso y debe ser gravado.
La tasa afectará a los operadores postales con ingresos anuales superiores a un millón de euros, derivados de entregas en destinos finales indicados por los consumidores de Barcelona, lo que incluye a empresas como Amazon, DHL, Seur y UPS. El importe de la tasa se determinará en base a un porcentaje de los ingresos brutos facturados por la empresa, con un límite máximo de 2,6 millones de euros según el reglamento de la norma.
