Las medidas están relacionadas con las pantallas de protección y la altura de las montañas de graneles.
El puerto de Alicante tendrá que poner en marcha medidas correctoras para evitar la contaminación, así como mediciones que comprueben su eficacia en el plazo de un año, para poder obtener la autorización de emisiones a la atmósfera que ha solicitado a la Generalitat Valenciana para la actividad de graneles, según ha indicado el diario La Verdad.
Estas acciones, valoradas en cuatro millones de euros, sólo permitirán la autorización provisional durante un año, que estará supeditada a la superación de controles periódicos del Instituto Universitario de Ingeniería y Procesos Químicos de la Universidad de Alicante.
No obstante, si el puerto demuestra que puede controlar sus emisiones a lo largo de este periodo, se le renovará automáticamente la autorización. Las medidas que tendrá que llevar a cabo están principalmente relacionadas con la mejora de las pantallas de protección o la altura de las montañas de graneles.
También se obligará al recinto portuario a instalar cuatro medidores más de calidad del aire, cuyos registros de partículas deberán estar a disposición de quien lo solicite. En cualquier caso, si las medidas tomadas no son suficientes, podrían exigírsele más. El extremo sería la exigencia de silos cerrados para almacenar los graneles.
El Ayuntamiento podría exigir nuevas medidas
Además, al margen de las medidas correctoras que determine la Generalitat, el Ayuntamiento podría exigir al puerto otras distintas en el marco de la tramitación de la licencia ambiental que ha exigido a la Autoridad Portuaria.
De momento, el puerto ha presentado un recurso, que aún está en fase de resolución, al entender que son las propias empresas del puerto las que deben solicitar las licencias. Por su parte, desde el Ayuntamiento entienden que el recinto portuario se ha erigido en titular de la actividad al solicitar una autorización autonómica.
Urbanismo debe resolver el recurso a partir de la documentación que ha solicitado a la Autoridad Portuaria, que incluye informes emitidos por Puertos del Estado y la Abogacía del Estado, así como las autorizaciones a empresas que manipulan graneles pulverulentos.