La industria naviera vuelve a reclamar el establecimiento de un fondo en I+D

El nuevo programa de I+D será gestionado a través de un Consejo Internacional de Investigación y Desarrollo Marítimo.

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Las emisiones del transporte marítimo son en el momento actual un 7% inferiores a las de 2008. Sin embargo, mientras no exista una alternativa a los combustibles fósiles y la demanda de transporte marítimo siga creciendo, no existen soluciones tecnológicas adecuadas para seguir reduciendo esta cifra.

El objetivo es reducir las emisiones totales en al menos un 50% para 2050, pero esto solo será posible con la identificación y el desarrollo de nuevas tecnologías con las que los buques deberían empezar a operar en la década de 2030.

En este contexto, la industria naviera solicita urgentemente que se apruebe su propuesta de poner en marcha un fondo de investigación y desarrollo con 5.000 millones de dólares, que se recaudarían en el plazo de diez años, para impulsar la descarbonización y no tener que depender de combustibles fósiles.

Tal y como señalan desde CLIA, existen varias soluciones potenciales, como el hidrógeno o el amoníaco producido a partir de fuentes de energía renovables, pero aún no existen en una escala aplicable a los grandes barcos.

Asimismo, quedan por responder una serie de preguntas técnicas complejas, incluidas las consideraciones de seguridad, almacenamiento, distribución, densidad de energía e impactos del ciclo de vida.

Supervisado por la OMI

El programa de I+D propuesto estará supervisado por la OMI y será financiado mediante una contribución de dos dólares por cada tonelada de combustible marino adquirido por las navieras para su consumo.

Será gestionado a través de un Consejo Internacional de Investigación y Desarrollo Marítimo, que debería terminar su cometido en un plazo de entre 10 y 15 años, entregando proyectos que permitirían a las empresas implementar tecnologías y servicios probados a la flota mundial durante la década de 2030.

Para que la propuesta funcione, todos los operadores deben contribuir, de manera justa y equitativa, a que se generen los fondos necesarios para lograr los objetivos.

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