El endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera que contempla el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal podría suponer pérdida de hasta 10.200 empleos en España para 2025.

Esto se debería, según un informe elaborado por EY, al traslado de la actividad a otros países de la Unión Europea y a la concentración del sector, toda vez que las disposiciones contenidas en la actual iniciativa legislativa ponen en peligro, según el Consejo General de Agentes de Aduanas, «la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas e impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica en un momento especialmente crítico como el actual».

Así miso, el informe de EY también advierte sobre las implicaciones que el endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera tendría sobre el comercio exterior y la internacionalización de la empresa española, uno de los principales motores de la economía española.

Cierres de empresas y deslocalización

En concreto, el trabajo señala que “el régimen de responsabilidad que pretende introducirse a través del Proyecto de Ley pasaría a ser uno de los más rigurosos de la UE”, algo que, a juicio de Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España, “pondría en riesgo la continuidad de la labor de los profesionales dedicados a la gestión aduanera, lo que conllevaría el cierre de múltiples empresas locales o la deslocalización a otros países de la UE con normas más favorables».

Consecuentemente, Llobet pide «una Ley Aduanera específica, que trate en profundidad el impacto de estos cambios en la competitividad y atractivo comercial de España, porque una gestión aduanera fluida y competitiva es beneficiosa para nuestras empresas”.

El informe advierte de que una vez que se establezca el llamado Despacho Centralizado Europeo, que permitirá operar desde Hamburgo o Róterdam mercancías que han llegado a Algeciras o Valencia, “parece previsible que haya operadores que centralicen sus operaciones desde sedes en Países Bajos, Bélgica o Alemania, y que con ello eludan la aplicación del régimen de responsabilidad más riguroso que pueda estar vigente en España”.

De igual manera, el desplazamiento de actividad a otros Estados de la UE y la concentración de mercado en grandes operadores podría suponer, según el estudio, la pérdida de entre 6.000 y 9.000 empleos como resultado del desplazamiento de la actividad, así como otros 700 a 1.200 empleos como resultado de la mayor concentración empresarial, lo que sumaría una estimación total de posible pérdida de ocupación para 2025 de entre 6.700 y 10.200 empleos.

Ante esta situación, El Consejo General de Agentes de Aduanas ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados diez enmiendas al articulado del Proyecto de Ley con el fin de subsanar los que, a su juicio, son desequilibrios contenidos en el texto originalmente remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales.