El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha asegurado que las ampliaciones previstas en los aeropuertos de Barajas y El Prat se retrasarán dos o tres años, «más bien tres«.

Aunque inicialmente la fecha prevista era 2022, el impacto de la pandemia de la Covid-19 en el tráfico de pasajeros ha hecho cambiar de planes al gestor aeroportuario. Así desplazará estos proyectos a la parte final del DORA 2, que comprenderá los años 2022-2026, reduciéndose la inversión anual prevista de los 900 millones iniciales a los 450.

En este sentido, la empresa ha tenido que rebajar sus perspectivas de inversión por los efectos de la crisis sanitaria, que han afectado en gran medida a todo el sector turístico y de la movilidad.

«La estrategia en cuanto a infraestructuras de Aena en España no cambia, simplemente se retrasa«, ha recalcado Lucena durante la presentación de los resultados anuales. La propuesta, que aprobará en los próximos días el Consejo de Administración, será elevada posteriormente para su aprobación en el Consejo de Ministros, previsiblemente en septiembre.

Un plan que acumula retrasos

Aena tenía previsto lanzar a principios de 2020 sendos concursos para el desarrollo de su Plan Inmobiliario en Barajas y El Prat, pero la pandemia del Covid-19 frenó sus expectativas y obligó a guardar en la nevera este desarrollo.

Con el anuncio efectuado ahora por el presidente del gestor aeroportuario, queda en suspenso la reactivación de la que se había hablado para el primer semestre de 2021 del desarrollo de proyectos logísticos, aprovechando que este mercado se ha mantenido fuerte durante la crisis.

Desde que se lanzó el Plan en 2019, los proyectos han sufrido algunas adaptaciones. Así en Madrid, contemplaba la edificación de 349 hectáreas como máximo, con más superficie para desarrollos logísticos.

En cuanto al modelo de negocio, se contemplaba la constitución de una sociedad con la empresa que desarrolle y explote el proyecto para obtener rentabilidad a través de los dividendos, con una cesión de los terrenos durante un mínimo de 25 años.