Dice Carlos Castán, presidente de Aeutransmer, que a partir de ahora se denomina Asociación de Cargadores de España – ACE tras el cambio de nombre acordado en su última asamblea general, en referencia a la realización de las labores de carga y descarga por los conductores profesionales, que «la solución a un problema mercantil no puede ser la prohibición».

Con esta idea se pretende resumir el nudo gordiano de una actividad que, sin embargo, tiene múltiples implicaciones: sociales, de prevención de riesgos laborales, de competitividad y de ahorro de costes, entre otros.

Otra cosa diferente es que en el Derecho Mercantil español no sea posible ponerle límites, más allá de los que tengan que ver con la posible comisión de delitos penales o administrativos, a la libre negociación entre las partes de cualquier contrato, aspecto que la Administración tiene presente como límite absoluto.

En este contexto, Castán ha explicado, en la última asamblea de la asociación, organizada de manera telemática, que el transporte, al levantarse de la mesa tripartita organizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pretende «cambiar la discusión del plano técnico al plano político».

Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Cargadores de España defiende que los cargadores han presentado propuestas para encontrar una solución a este problema, pero también destaca que los clientes de los servicios de transporte no pueden renunciar a querer contratar sus servicios de transporte, carga y descarga de mercancías con un único interlocutor, frente a «soluciones maximalistas».

Lo cierto es que la salida de los transportistas de la mesa tripartita, a efectos de la regulación de la carga y descarga, devuelve la negociación al bloqueo que existía en el punto de partida.