El Consejo de Ministros de este martes 11 de mayo tiene previsto dar el visto bueno a la nueva y polémica ‘Ley Rider’. Un día, en el que grupos de repartidores lamentan que el Ejecutivo conceda a las plataformas digitales un plazo de tres meses a partir de su publicación oficial, que, además, podría cumplirse en pleno mes de agosto, para que den carácter laboral a las relaciones que mantiene con sus ‘riders’.

Al mismo tiempo, otros grupos, los que prefieren mantenerse como autónomos, han convocado manifestaciones en nueve ciudades españolas, como son Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Palma de Mallorca, para protestar por lo que consideran una laboralización forzosa.

Los organizadores de estas convocatorias estiman que el cambio legal supone dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo.

Lo cierto es que el marco de trabajo existente en las plataformas digitales hace mucho tiempo que ha desbordado los  esquemas de la actual legislación laboral, de tal modo que tanto una postura como la otra tienen sus correspondientes pros y contras.

La futura ‘Ley Rider’ contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que siguen los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial para establecer las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles profesionales de los repartidores.