La Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, ha expuesto las principales demandas del sector ante la Consejería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia, entre las que destaca la construcción de aparcamientos para vehículos industriales, vigilados y a un precio asumible, en las ciudades más grandes.

Para ello, es necesario generar suelo industrial específico para las empresas de transporte, algo que creen que «la legislación ya debería contemplar«, y ejecutar el plan de áreas de descanso y servicio elaborado hace años por la propia Xunta, así como pasos elevados, entre otras actuaciones.

Por otro lado, la Federación ha reclamado la supresión del tramo autonómico del impuesto sobre los carburantes, que penaliza a las empresas de transporte gallegas y dificulta la actividad exportadora de la región, y ha solicitado que la devolución de la tasa afecte a todos los transportistas sin excepción, independientemente de la Masa Máxima Autorizada de vehículo.

Además, otro tema fundamental para los transportistas de Galicia son la supresión o rebaja de ciertos peajes en las autopistas de la Comunidad Autónoma, que en algunos caso se sitúan entre las más caras de España. Así, consideran que una autopista como la AP-9, por tiempo y tráfico, debería estar «sobradamente amortizada«.

También han planteado la necesidad de mejorar la inspección en materia de transportes, priorizando el control sobre ciertas infracciones, como el uso de gasóleo B, la ausencia de autorización de transporte o la manipulación del tacógrafo.

Del mismo modo, es preciso controlar la reducción en más del 50% de los descansos necesarios, la superación en más del 50% del tiempo de conducción legalmente establecido o el cabotaje irregular.

Ayudas para renovación de flotas y formación

En esta línea, Fegatramer ha exigido flexibilizar cuestiones como la vuelta a casa y ha solicitado a la Xunta ayudas para la incorporación de vehículos menos contaminantes, con consumos más reducidos y cuyos componentes sean reciclables en su mayor parte, así como para la formación obligatoria de conductores.

Cada año, unos 7.200 conductores de transporte de mercancías tienen que realizar la formación obligatoria de reciclaje del CAP, que tienen que costear las casi 4.000 empresas del sector, cuando en muchos casos se trata de micropymes o empresarios-conductores, con poca o sin ningún tipo de vía de financiación o ayuda para dar respuesta a este requisito obligatorio.

Asimismo, en la reunión mantenida con la Consejería, la Federación ha explicado la importancia de potenciar las Juntas Arbitrales de Transporte de Galicia, ya que está aumentando cada vez más su carga de trabajo, lo que requiere mejorar los medios materiales.

Por último, se ha tratado la finalización y publicación del observatorio de costes del transporte público de mercancías por carretera de Galicia por parte de la Dirección General de Movilidad, un proyecto que lleva años de retraso.