El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el anteproyecto de la Ordenanza de Movilidad Sostenible para subsanar los fallos de la actual y que han provocado que la justicia anule Madrid Central.

El texto tiene cuatro objetivos, como son los de convertir a la ciudad en capital de la movilidad sostenible, proteger la vida e integridad física y la salud de las personas a través de la mejora de la calidad del aire y la seguridad vial, integrar todos los modos de movilidad armonizando y racionalizando los distintos usos del espacio público, así como promover la eficiencia y la innovación.

La norma impulsará la restricción progresiva de la circulación a los vehículos más contaminantes, aquellos que no poseen distintivo ambiental, mediante la creación de Madrid Zona de Bajas Emisiones por anillos territoriales y con un calendario.

Restricciones progresivas

Así pues, los vehículos sin distintivo, desde el 1 de enero de 2022, tendrán prohibido su acceso y su circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30 y desde el 1 de enero de 2023, la prohibición se extiende a la propia M-30 y, desde el 1 de enero de 2024, queda prohibido su acceso y su circulación por todas las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE (Zonas de Bajas Emisiones). De igual modo, desde el 1 de enero de 2025, la prohibición se extiende también para los vehículos con distintivo A de Madrid.

Dentro del segmento de la distribución urbana de mercancías, se persigue crear un sistema de gestión inteligente del uso de las reservas de carga y descarga de mercancías para reducir las emisiones debidas a los servicios de logística urbana.

Se pretende que el uso de estas plazas de carga y descarga se realice mediante registro automatizado y por un tiempo máximo de 30 minutos. Además, se fomentará el uso de las tecnologías menos contaminantes en el ámbito de la distribución urbana de mercancías.

La ordenanza está compuesta por 245 artículos y, a juicio de los responsables municipales, permitirá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, impulsará la transformación urbana hacia una ciudad más sostenible medioambiental y energéticamente y facilitará el desarrollo social, económico y urbano territorialmente equilibrado.

El texto se someterá a información pública durante 30 días una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.