Según Comisiones Obreras, "el incumplimiento de la legalidad en nuestro sector es generalizado, no solo en la ley de costes o en la participación de los conductores en la carga y descarga”.
En esta línea, el sindicato asegura que “tampoco se respetan los convenios colectivos, se camuflan en dietas las horas de presencia (cuando se pagan) con el consiguiente fraude a la Seguridad Social, no se pagan horas extraordinarias, se domicilian las empresas en la provincia más barata y no donde se realiza la actividad para así pagar menos salarios y cotizar menos a la Seguridad Social".
Así mismo, la central sindical estima que "ni siquiera se respeta la legislación europea que prohíbe cobrar por kilómetro. Cualquier operativo de control de los tiempos de conducción y descanso se salda con la mitad de los vehículos sancionados”.
Por todo ello, Comisiones Obreras asegura que “el sector está sumido en un fraude continuo”, por lo que, en su opinión, “con este nivel de fraude se necesitan medidas estructurales, pero si quien está dirigiendo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el sector de transporte de mercancías por carretera es el CNTC (que representa a las patronales del sector), es obvio que no se buscarán soluciones legales ni mediante la negociación colectiva".
De igual modo, la organización sindical también carga contra los clientes de los transportistas a causa de, según su criterio “la comodidad que supone para las empresas cargadoras la posibilidad de externalizar los riesgos y reducir costes subcontratando el transporte a un trabajador autónomo".
Por todo ello, el sindicato hace un llamamiento al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para “activar la mesa social del transporte y abordar los problemas del sector de manera urgente” y, al tiempo, advierte de que “si el Ministerio y el Comité Nacional del Transporte rechazan nuevamente el diálogo y siguen sin negociar ni adoptar medidas para rescatar a los asalariados del sector, los conflictos continuarán”.
