Un mes después de que se cerrara el plazo para presentar enmiendas, el proyecto de La Ley de Movilidad Sostenible sigue estancado, sin avanzar en su tramitación parlamentaria, pese a que estaba previsto realizarse con urgencia.
Los tiempos que marcan las próximas convocatorias electorales y la postergación de este proyecto normativo en detrimento de otras iniciativas sobre vivienda, más rentables políticamente, estarían detrás de este parón.
De hecho, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados tiene agendado el proyecto para elaborar el preceptivo informe desde el pasado 30 de marzo, pero de momento ni siquiera hay prevista ninguna reunióndel órgano que habrá de tramitar la iniciativa.
Ya con anterioridad se había ampliado en hasta siete veces el plazo para presentar enmiendas al proyecto de La Ley de Movilidad Sostenible, que se presentó ante el Congreso a mediados del pasado mes de diciembre, con la idea de que saliera adelante antes de finalizar marzo.
La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a los retosque plantean la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
En este sentido, el proyecto normativo establece, según el Gobierno, un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en el país, sustentándose en cuatro pilares, como son el reconocimiento de la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar, una movilidad limpia y saludable, con un sistema digital e innovador y que permita invertir mejor al servicio de la ciudadanía.
Para ello, la Ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenibleque facilitará la coordinación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible.
La futura norma también contempla que las empresas del sector del transporte deberán calcular su huella de carbonoy comunicarla a los usuarios finales, así como impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía.
En el ámbito de las mercancías, la Ley reconoce su transporte como un servicio indispensable para la sociedad, tal y como se puso de manifiesto durante la crisis sanitaria, debido a su relevancia en el sostenimiento de la actividad económica.
En este ámbito, la regulación apoyará también la actuación de otras administraciones mediante la publicación de directrices, guías y documentos de buenas prácticas.
Así mismo, la norma también plantea la internalización de los costes externos del transporte por carreterabajo los principios de “cobro por usuario pagador” y “quien contamina paga”, señalando que este sistema de financiación solo sería viable si se logra un amplio consenso social y político.
