Los diferentes órganos que componen la Administración General del Estado ponen negro sobre blanco cada año sus prioridades y objetivos para el próximo ejercicio para justificar los fondos que les asignan los Presupuestos Generales del Estado.
En el caso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Dirección General de Transporte Terrestre centrará su actividad durante 2023 en el desarrollo de una completa serie de líneas generales de trabajo, entre las que se encuentran la revisión de la normativa interna para adaptarla al Paquete de Movilidad.
En este sentido, se tiene previsto iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley para modificar la LOTT y que se centrará, sobre todo, en el ámbito sancionador.
De igual manera, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el sector, la Dirección General continuará elaborando y tramitando distintas modificaciones normativas, como son la que afecta a la Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías y al ROTT en relación con la participación de los conductores en las operaciones de carga y
descarga, así como con el establecimiento de un código de buenas prácticas mercantiles, entre otros aspectos.
Así mismo, también se seguirá tramitando el proyecto de Orden Ministerial para fijar las condiciones necesarias para impartir los cursos de cualificación inicial y de formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera mediante el sistema de teleformación.
Por otra parte, se prevé modificar el ROTT para adaptarlo a la regulación europea relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera.
Inspección y control
En el ámbito de la inspección y el control de la actividad de transporte por carretera, se dedicará especial atención al cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso.
Además, la Dirección General de Transporte Terrestre estima que la puesta en marcha del buzón de inspección será un soporte más en el control del incumplimiento de toda la normativa de transporte.
Del mismo modo, se mantendrá el control de la implantación y uso del sistema del tacógrafo digital, tanto del actual como del tacógrafo inteligente y se seguirá con la colaboración con la Inspección de Trabajo, con la Guardia Civil de Tráfico y con la Autoridad Laboral Europea en la detección e inspección en especial de las empresas buzón.
Al tiempo, el Plan de Ayudas al sector del transporte por carretera seguirá en desarrollo y, consecuenemente, se mantendrán las ayudas al abandono de la actividad y a la formación.
En el caso concreto de las ayudas al abandono, Transportes calcula que entre 2018 y 2021 se han concedido 1.248 ayudas por un importe de 37.440.000 euros y, consecuentemente, se considera que su vigencia debe mantenerse mientras la estructura del sector continúa modificándose hacia una menor atomización.
Con respecto a las ayudas a la formación, en ese mismo período se han concedido 156 subvenciones por un total de 15.367.650 euros.
Por último, en lo que respecta a la cuantificación de estos objetivos, Transportes ha presupuestado la concesión de 350 ayudas al abandono para transportistas autónomos y la impartición de 985 cursos para las ayudas a la formación.
Así mismo, en el caso de la inspección se han presupuestado 7.700 expedientes sancionadores, con 1.200 inspecciones a empresas, 5.500 empresas inspeccionadas por tiempos de conducción y descanso, y medio millón de jornadas controladas.
