El grupo de trabajo para impulsar el uso de la documentación electrónica en el transporte de mercancías, que ya cuenta con 50 organizaciones entre asociaciones de cargadores, transportistas, transitarios, logísticos, empresas tecnológicas, puertos, consultoras y colegios profesionales, ha valorado en la última reunión el estado de la cuestión.
Así, se ha puesto de manifiesto cómo los diferentes eslabones de la cadena de suministro están preparados para un rápido desarrollo del e-CMR o la carta de porte digital, y por su parte, las empresas tecnológicas han ido integrando la herramienta en otras plataformas para que, a sus ventajas, se sumen otras que hagan más eficiente y competitivo el transporte de mercancías.
La documentación electrónica es válida en 30 países que han ratificado el protocolo e-CMR, entre los que se encuentran España, Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Suecia y Suiza.
A ellos se añaden Bielorrusia, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Federación Rusa, Irán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Omán, Países Bajos, Polonia, República Checa, República de Moldavia, Rumanía, Tayikistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán. Esta amplia aceptación hace que cada vez haya más ejemplos de uso e integración.
Muchas ventajas del e-CMR proceden de su interoperabilidad y facilidad de integración en otras plataformas de servicios, como la plataforma Simple, o de gestión, como los servicios aduaneros.
En este sentido, conviene apuntar que ya se está incorporando el e-CMR en los expedientes de exportación de productos fitosanitarios a Reino Unido, lo que ha permitido que la Inspección de Sanidad Vegetal acepte la eliminación de la matrícula del vehículo de transporte en la gestión del documento fitosanitario, acortando los tiempos de espera.
Por último, desde el grupo de trabajo apuntan que aunque el anteproyecto de Ley de Movilidad sostenible establece que en 2024 el documento de control administrativo será únicamente digital, el sector echa en falta más implicación por parte de la Administración, tanto en actuaciones de sensibilización, como en financiación y desarrollo normativo.
