Furgonetas de Amazon para entregas del servicio Prime Now

La patronal pone el foco en la normativa laboral que se exige a esta clase de empresas.

La Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO, solicitará a las administraciones públicas que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente a todas las empresas que realizan o subcontratan reparto de mercancías, incluso a las que dicen pertenecer a la economía colaborativa, para evitar la competencia desleal. 

En concreto, la patronal se muestra especialmente preocupada por las actuaciones que está llevando a cabo Amazon a través de Amazon Flex. Muchas veces, los pedidos se entregan en vehículos particulares que no son aptos para el transporte de mercancías, a través de personas sin vinculación laboral con la empresa y que no están administrativamente autorizadas para esta función. 

UNO insiste en que estas actividades están reguladas por la normativa española, siendo necesario ser titular de una licencia o autorización para el transporte si se quiere facturar por esta clase de servicios.

Además, recuerda que los turismos están destinados, según el ROTT y el Reglamento General de Vehículos, al transporte de personas y los enseres personales, no a la prestación de un servicio público. Por lo tanto, «no es legal de ninguna forma hacer reparto en coches particulares«.

Precarización y explotación

Por otro lado, la patronal pone el foco en la normativa laboral que se exige a esta clase de empresas, ya que toda prestación de servicios de transporte o mensajería realizada con habitualidad en vehículo de menos de 2000 kilos se ha de considerar como laboral. 

De confirmarse todo esto, se estaría incumpliendo el marco legal administrativo y laboral en España, pudiendo considerarse prácticas anticompetitivas. En UNO se preguntan por qué se permiten estas actuaciones, que implican la precarización de la actividad y la»explotación laboral», cuando al resto de empresas sí se les exige cumplir con la normativa vigente.

Asimismo, aseguran que la digitalización «no puede convertirse en una excusa para desregular el sector, precarizarlo y convertirlo en una selva» y que la economía digital no puede basarse en recortar derechos a los trabajadores, mediante prácticas que constituyen «un claro fraude de ley«.