La semana pasada, el Pleno del Congreso de los Diputados dio el visto bueno definitivo a la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tras la incorporación de las enmiendas remitidas por el Senado.

De este modo, la norma queda lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, así como para entrar en vigor a los tres meses de su publicación oficial.

Entre las novedades que incluye, algunas de ellas afectan directamente al sector del transporte por carretera, como es la posibilidad de poder consultar de forma ágil la situación administrativa de los permisos de conducir de sus conductores asalariados, bien en lo que se refiere a la pérdida de puntos o a la suspensión o pérdida del mismo por diferentes motivos.

En este sentido, como confirma Fenadismer, la DGT deberá poner en marcha antes de marzo de 2023 un sistema de consulta on-line para que las empresas y autónomos dedicados al transporte de personas o de mercancías puedan conocer si un conductor profesional que trabaja para ellos se encuentra habilitado legalmente para conducir, sin necesidad de obtener su consentimiento.

De igual modo, con la norma también se abre la posibilidad para que las empresas puedan realizar, desde finales de 2023, a sus conductores asalariados controles iniciales, periódicos, o aleatorios sobre el consumo de alcohol o determinadas drogas, así como otras sustancias psicoactivas o medicamentos durante el ejercicio de su actividad profesional.

Una enmienda procedente del Senado ha limitado las drogas susceptibles de control a sustancias como la cocaína, anfetaminas, opiáceos, cannabis u otros, con el fin de diferenciarlas de otras como el tabaco, que no provocarían efectos directos en la capacidad de conducción.

Fenadismer estima que estas posibilidad dotan a las empresas del sector de «mecanismos legales de control que ayudan a minimizar la inseguridad jurídica y responsabilidad que han venido teniendo hasta ahora, al no tener manera de conocer en qué condiciones de conducción se encuentran sus conductores», aunque, al tiempo reclama que «la regulación reglamentaria que la desarrolle se garantice que la realización de este tipo de controles se lleve a cabo con las mayores de garantías de fiabilidad y confidencialidad para el conductor afectado».

 

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