Tras anuncios anteriores, el proyecto legal de los peajes vizcaínos para camiones inicia su tramitación legal para entrar finalmente en vigor una vez sea aprobado por los órganos provinciales.
En este sentido, el diputado vizcaíno de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha presentado este martes, 17 de mayo, en las Juntas Generales de Vizcaya el Anteproyecto de Norma Foral sobre la implantación de un canon para vehículos pesados de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas por el uso de determinadas carreteras vizcaínas.
Con esta norma se pretende articular un sistema de arcos de control en cinco tramos de la red viaria de alta capacidad de la provincia, como son la A-8 y la BI-10, desde Basurto hasta el Haya, la N-240 por Barazar, desde El Gallo hasta la variante de Ubidea, la N-636 desde Durango hasta Guipúzcoa, la BI-30 (antigua N-637), entre Erletxes y Rontegi, y en la BI-625, desde Laudio hasta Basauri.
Las autoridades provinciales quieren contar con modelo que imita a lo que, según su criterio, ya han llevado a cabo 23 de los 27 países que forman parte de la Unión Europea.
En relación con las tarifas, que se aprobarán en un decreto foral posterior, la Diputación pretende ir de la mano del sector.
Desde la oposición, el grupo Mixto-PP Vizcaya critica que se vaya a gastar 60 millones de euros en el proyecto y calcula que el tramo de la A-8 supondría un gasto mensual de 189 euros y de 184 euros para la N-637.
A su vez, Elkarrekin Vizcaya pide que establezcan tarifas reducidas o exenciones en función de la tipología del vehículo o el escenario económico del momento, mientras que EH Bildu solicita que la implantación del canon se haga de forma progresiva y teniendo en cuenta a los transportistas.
