Desde Isabel II, reina de Inglaterra, en un discurso a finales de noviembre de 1992, año durante el cual la familia real se vio envuelta en distintos escándalos, filtraciones a la prensa de conversaciones privadas o el incendio del castillo de Windsor, lo calificó como “annus horribilis”. Pues en el transporte, llevamos solo tres meses del 2026 y ya podemos definirlo como un año horrible.
Cuando escribo estas líneas, el Comité Nacional del Transporte se encuentra negociando en el Ministerio la aprobación de un nuevo paquete de ayudas que permitan paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio que ha provocado un incremento disparatado de los precios del carburante, especialmente el gasoil, ya que las contempladas el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo han resultado totalmente insuficientes, además de confusas.
El Comité había negociado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, un paquete de medidas similar al que se puso en marcha en 2022 con motivo de la guerra de Ucrania, al ser una situación similar. Las ayudas solicitadas contemplaban un incremento, tanto de las ayudas en la compra del combustible, de 20 a 25 céntimos por litro como las compensaciones por vehículo, de 1.250 a 1.500 euros.
Finalmente, solo se aprobaron 20 céntimos por litro de bonificación en el precio del gasoil compensables a través del gasóleo profesional.
¿Qué les parecería a los clientes que las ayudas que reciben -muchos son agricultores- tuviesen que trasladarlas al precio de los productos que venden a las cadenas de alimentación?
Aunque con carácter general este decreto contempla la reducción del IVA del 21% al 10% y la supresión temporal del Impuesto sobre Hidrocarburos, hasta el límite fijado por la Unión Europea, son medidas que no tienen trascendencia alguna para los transportistas puesto que el IVA lo deducen y la parte del Impuesto de Hidrocarburos bonificada, ya la recuperaban a través del gasóleo profesional.
Y del comportamiento de algunos clientes ¿qué me dicen? Como ya ocurrió con las ayudas concedidas al sector como consecuencia de la guerra de Ucrania, quieren aprovecharse de la debilidad del transportista para que éste les traslade la bonificación en el precio del combustible al precio del transporte. ¿Qué les parecería a ellos que las ayudas que reciben -muchos son agricultores- tuviesen que trasladarlas al precio de los productos que venden a las cadenas de alimentación? Vamos que lo mío es mío y lo tuyo también.
En este sentido el Ministerio ya ha aclarado, que el importe de los 20 céntimos de ayuda no se puede detraer del precio del gasoil para el cálculo de la revisión del precio del transporte.
Es destacable, además, la facilidad con la que muchos clientes hacen caso omiso de la obligación legal de adecuar el precio del transporte al precio del combustible cuando se lo pide el transportista, o aceptan solo una revisión parcial que no se ajusta a la fórmula legal, o aplican la revisión cuando han pasado semanas desde que se produjo el incremento de los precios del combustible, haciendo que el transportista asuma el desfase.
La subida de los precios del petróleo como consecuencia de esta crisis no solo ha afectado al precio del combustible; ha subido el AdBlue, el aceite, los neumáticos, el precio de los embarques y otros costes operativos.
Las ayudas otorgadas al sector han tenido en cuenta todo esto, pero como decía al principio, son insuficientes. Por ello es esencial, para paliar todos los daños que están generando las circunstancias comentadas, que el sector perciba las ayudas directas al vehículo y que éstas no se vean afectadas por el criterio de “mínimis” establecido por la UE, cuyo límite máximo es de 300.000 euros por empresa durante un periodo de tres ejercicios fiscales.
Esperemos que se consigan.
