La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha hecho públicos los preocupantes resultados de una encuesta realizada recientemente por Amaexco sobre el impacto de la escalada del precio del gasóleo por la guerra de Irán en el sector del transporte de obras y de la excavación.
Los datos, recogidos entre casi 250 empresas del sector en 16 Comunidades Autónomas, revelan una situación de "alerta máxima" que amenaza su supervivencia, teniendo en cuenta el importante volumen de gasóleo que consume la maquinaria dedicada a la construcción y la obra pública que utilizan para el desarrollo de su actividad.
En concreto, las empresas encuestadas consumen más de 8,8 millones de litros de gasóleo al mes, lo que supone una factura superior a los 160 millones de euros al año, pero en el contexto actual de inestabilidad internacional por la guerra en Oriente Medio, el 84% de los profesionales ha sufrido incrementos en el combustible por encima del 35%.
La situación resulta más grave todavía, pues el 63% reconoce un traslado nulo de los incrementos de costes a sus clientes, viéndose obligadas a trabajar a pérdidas. Además, el 47% de las empresas contratistas para las que trabajan se ha negado rotundamente a renegociar los contratos previos, ignorando la realidad del mercado.
Miles de puesto de trabajo, en riesgo
Con todo, una de cada tres empresas ya valora reducir su flota o cesar su actividad de forma definitiva y el 21% está estudiando o tramitando un ERTE, lo que pone en riesgo miles de puestos de trabajo directos. Además, por la peculiaridad del desarrollo de su actividad, el 48% de los encuestados afirma no tener acceso a la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos.
Ante estos resultados, Fenadismer ha exigido al Gobierno la aprobación de un paquete de medidas específicas para este sector, que contemple mecanismos de revisión extraordinaria de precios de obligado cumplimiento en los contratos de obras publicas, la ampliación del acceso a las bonificaciones sobre el combustible para toda la maquinaria empleada por subcontratistas en el sector de la construcción, así como otras medidas directas para evitar el cese masivo de la actividad en el sector.
