Ovidio de la Roza, presidente de la patronal asturiana Asetra, ha anunciado hace unos días que han encargado a un despacho de abogados del Principado el estudio de medidas legales para reclamar a Transportes la anulación del peaje del Huerna y la reclamación patrimonial por los beneficios obtenidos.
En esta ofensiva judicial, Asetra cuenta con el apoyo de la patronal asturiana Fade que, a su vez, estaría coordinándose con las autoridades regionales para intentar poner fin al peaje de la A-66 que conecta Asturias con la meseta norte.
En este sentido, hace unos días, el consejo de Gobierno asturiano decidió iniciar el ejercicio de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado con el objetivo de que se declare la nulidad de pleno derecho del real decreto que prorrogó la concesión de la autopista AP-66 hasta 2050, es decir, 29 años más de los previstos inicialmente.
Según el Ejecutivo regional, la prórroga aprobada incurrió en causas de nulidad de pleno derecho, al haber alterado de manera sustancial el equilibrio económico y la estructura del contrato original de 1975, generado una nueva concesión encubierta, que debió someterse a licitación pública, vulnerado la normativa europea en materia de contratación pública, sido aprobada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente exigido, otorgado beneficios económicos indebidos al concesionario y producido un perjuicio sostenido para el interés general de Asturias.
A su vez, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decidido mantener el peaje después de que la Comisión Europea emitiera este pasado verano un dictamen que concluía que la prórroga de esta tasa era contrara al Derecho comunitario.
A juicio del transporte asturiano, el peaje constituye un agravio comparativo respecto a otras comunidades, penaliza a ciudadanos, empresas y transportistas y supone un freno a la competitividad de nuestra región.