El régimen de IVA franquiciado permitiría a quienes facturan hasta 85.000 euros al año dejar de repercutir y declarar este impuesto en sus ventas. El cambio tendría efecto directo sobre precio, liquidez y carga administrativa.
Para algunos pequeños negocios, la medida también abriría margen para ajustar tarifas finales o conservar más ingreso por cada servicio, sobre todo cuando trabajan con clientes que no deducen IVA.
La paradoja es que el sistema ya está previsto en la normativa europea desde la Directiva 2020/285, aplicable desde el 1 de enero de 2025, pero España sigue sin incorporarlo plenamente a su legislación. La Comisión Europea decidió el 10 de marzo de 2026 llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer varias normas de IVA, incluida la relativa al régimen especial para pequeñas empresas.
España sigue sin aplicar la franquicia, pese a la presión de Bruselas
La situación actual es sencilla: los autónomos españoles que facturan menos de 85.000 euros siguen obligados a emitir facturas con IVA, presentar declaraciones periódicas y cumplir con el régimen general, salvo que estén en actividades ya exentas por otros motivos.
El Congreso aprobó en marzo una proposición no de ley para impulsar esta exención. Pero esa votación no cambia por sí sola la Ley del IVA.
Para que el régimen entre en vigor hace falta una norma concreta, con requisitos, límites, exclusiones y obligaciones informativas. Hasta entonces, nada cambia en la práctica diaria del autónomo.
El retraso deja a España en una posición incómoda frente a Bruselas y frente al resto de la Unión Europea. La directiva permite fijar un umbral nacional de hasta 85.000 euros y exige reglas para que las pequeñas empresas puedan operar también en otros Estados miembros bajo condiciones simplificadas, siempre que no superen los 100.000 euros de volumen anual en el conjunto de la UE.
Este debate llega, además, en pleno ajuste fiscal para los autónomos del transporte. Hacienda ha confirmado la prórroga del límite de módulos para 2026, una cuestión que afecta de lleno a miles de pequeños transportistas.
La franquicia del IVA elimina declaraciones periódicas, pero no todos los controles
Con este régimen, el profesional no recaudaría IVA en sus ventas ni tendría que presentar los modelos trimestrales y anuales ligados a ese impuesto.
El alivio administrativo sería claro, aunque no total.
Seguirían vigentes la emisión de facturas, los libros registro y una declaración anual informativa para acreditar que se respetan los límites de acceso. Es decir, la franquicia reduce trámites, pero no saca al autónomo del radar fiscal.
El cambio también afecta a la tesorería diaria. Al no ingresar IVA repercutido por sus servicios, el cobro queda más limpio desde el primer momento. La otra cara es que el IVA soportado en compras y gastos seguiría pagándose sin posibilidad de deducción.
La presión administrativa tampoco viene solo del IVA. Los transportistas autónomos tendrán que adaptarse a nuevas exigencias de facturación, con multas de hasta 50.000 euros si no actualizan sus sistemas. Para negocios pequeños, cada nueva obligación implica más tiempo, más coste y más dependencia de asesoría externa.
El límite de 85.000 euros no siempre compensa
La adhesión al IVA franquiciado sería voluntaria y no encajaría igual en todas las actividades.
Para profesionales con pocos gastos deducibles, como consultores, formadores, diseñadores o pequeños transportistas con estructura ligera, puede suponer una ventaja clara en precio o margen.
En cambio, para actividades con mucha inversión, combustible, mantenimiento, alquileres o compras con IVA soportado, renunciar a la deducción puede neutralizar parte del beneficio. Ahí conviene revisar caso por caso si pesa más la simplicidad o la pérdida de deducciones.
A esa decisión se suma otro frente: la digitalización. Buena parte de los transportistas todavía no se considera preparada para la factura electrónica y la documentación digital, un problema que se combina con la falta de relevo generacional entre autónomos.
En este contexto, el IVA franquiciado no resolvería todos los costes de los pequeños operadores. Sí podría reducir una parte relevante de la carga fiscal recurrente.
Mientras España no apruebe una norma específica, el escenario no cambia: los autónomos deben seguir repercutiendo y declarando el IVA como hasta ahora. La presión europea aumenta, pero la exención aún no está operativa.
