El Gobierno de Baleares ha remitido una carta a la Comisión Europea para reclamar que la UE tenga en cuenta las desventajas estructurales y permanentes derivadas de la insularidad e incorpore un tratamiento normativo específico para las regiones insulares no ultraperiféricas como el archipiélago.
Estudio de sobrecostes
La misiva incorpora también un análisis normativo y económico sobre insularidad elaborado por PricewaterhouseCoopers y que pone de manifiesto que la insularidad genera sobrecostes estructurales y permanentes que afectan a la competitividad de las Baleares, entre los que figuran el mayor coste del transporte marítimo y aéreo de mercancías, la necesidad de mantener mayores niveles de stock de seguridad de materias primas y otros suministros, así como los sobrecostes de la energía y bienes de equipo, y la menor capacidad de las empresas para alcanzar economías de escala.
El documento recuerda que la normativa comunitaria contempla ayudas de carácter social al transporte de residentes en regiones remotas, pero que su alcance se limita al transporte de pasajeros, por loque plantea valorar un tratamiento análogo o complementario que permita compensar también adecuadamente los costes logísticos estructurales del transporte de mercancías.
Otra de las cuestiones destacadas son los costes energéticos. La carta señala que la condición insular genera una mayor vulnerabilidad ante las perturbaciones de los mercados energéticos debido a la dependencia del abastecimiento exterior, la limitada capacidad de interconexión y la ausencia de alternativas de suministro próximas.
A estas cuestiones se suman otras propuestas para que la normativa europea reconozca de forma efectiva los costes adicionales que deben asumir las empresas por el hecho de operar desde unas islas, para que puedan compensarse con instrumentos estables y con seguridad jurídica, y que las empresas de las Illes Balears no partan con desventaja respecto a las del continente.
En su conjunto, el Gobierno balear medidas concretas que permitan compensar los sobrecostes de la insularidad, especialmente en ámbitos como el transporte de mercancías, la energía o los costes operativos de las empresas.
