El Gobierno de Murcia y la Guardia Civil han destapado una trama dedicada a falsear la formación de conductores profesionales, con el objetivo de obtener de forma fraudulenta del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
La operación, denominada ‘Capybaramur’ ha supuesto la detención de trece personas: el gerente de una autoescuela, tres presuntos intermediarios y nueve empleados, por la supuesta comisión de delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial.
A su vez, la Dirección General de Movilidad y Transportes, de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, propone la suspensión de la autorización para impartir cursos CAP a la autoescuela investigada, medida que se hará efectiva una vez exista sentencia firme.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Murcia en colaboración con la Dirección General de Movilidad y Transportes, se inició a raíz de las sospechas detectadas durante los controles realizados en las pruebas oficiales organizadas por la Comunidad Autónoma.
La operación comenzó en mayo de 2025 durante los exámenes celebrados en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, cuando la Dirección General de Movilidad y Transportes solicitó la colaboración de la Guardia Civil para reforzar los controles y prevenir posibles fraudes.
Dispositivos de comunicación
Durante las inspecciones fueron detectados 23 aspirantes que utilizaban dispositivos de comunicación ocultos mediante los que recibían desde el exterior las respuestas correctas del examen.
Además, las actuaciones inspectoras desarrolladas por la Dirección General de Movilidad y Transportes detectaron irregularidades en una autoescuela de Molina de Segura relacionadas con la manipulación de los registros biométricos de asistencia obligatoria a los cursos de formación CAP.
Finalmente, la investigación ha permitido identificar a tres presuntos intermediarios encargados de organizar el fraude y facilitar los medios tecnológicos utilizados en los exámenes.
Según el Gobierno de Murcia, algunos de los aspirantes llegaron a pagar entre 2.000 y 2.500 euros por acceder a este sistema fraudulento.
