La licitación de varios contratos que suman 1.006 millones para la conservación de carreteras ha quedado paralizada tras la interposición de un recurso especial por parte de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras. Acex sostiene que el sistema de adjudicación vulnera la Ley de Contratos del Sector Público al restringir la competencia y generar "indefensión" técnica a los licitadores.
La medida ha suspendido temporalmente los trámites de los contratos licitados por la Dirección General de Carreteras hasta que se resuelva la impugnación. Desde la CETM consideran muy preocupante la suspensión y han reclamado al Gobierno que encuentre una solución para desbloquear cuanto antes las actuaciones previstas por el Ministerio de Transportes en este plan de conservación y explotación de carreteras.
La Confederación entiende que aunque las diferencias entre la Administración y las empresas del sector de conservación deben resolverse por las vías correspondientes, ni los usuarios ni el transporte de mercancías pueden verse perjudicados por un conflicto derivado del procedimiento de contratación.
"No estamos hablando de una cuestión empresarial, sino de una infraestructura esencial para la seguridad y para el funcionamiento de la economía", explican los transportistas, que recuerdan que la conserviación "tiene un impacto directo sobre nuestra actividad". En este sentido, el deterioro del firme, las deficiencias en la señalización, la falta de mantenimiento y las restricciones derivadas de obras o de malas condiciones de la vía incrementan los tiempos de viaje, el consumo, el desgaste de los vehículos y los costes de explotación.
Política de Estado
La CETM, que lleva años reclamando una mayor inversión y una planificación estable de la conservación de la red viaria, cree que este asunto debe abordarse como una política de Estado, con recursos suficientes para actuar antes de que el deterioro de las mismas obligue a realizar intervenciones más costosas.
Carmelo González, presidente de la Confederación, ha insistido en que "soportamos una elevada carga fiscal (21.000 millones de euros anuales) y somos usuarios intensivos de las carreteras. Lo mínimo que podemos exigir es disponer de unas infraestructuras seguras, eficientes y adecuadamente mantenidas. El Ministerio debe resolver esta situación cuanto antes".
