Se acerca el final de septiembre y con él, también el de las ayudas estatales para rebajar el precio del gasóleo.
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio calcula que el precio medio de venta al público en la Península y Baleares del gasóleo experimentará a partir del próximo 1 de octubre un incremento de 24,20 céntimos por litro.
720 euros al mes más por camión
A partir de esta estimación, CETM ha calculado que un camión que consuma alrededor de 3.000 litros de gasóleo al mes tendría que afrontar unos 720 euros adicionales mensuales, más de 8.600 euros al año, por el mismo combustible y sin recorrer un solo kilómetro más.
Ante ello, la patronal argumenta que "España no puede permitirse que el encarecimiento del combustible siga alimentando la inflación y reduciendo la capacidad de compra de los ciudadanos" y, por ello, reclama al Gobierno que "actúe con anticipación y adopte antes del 1 de octubre las medidas de apoyo necesarias para evitar una nueva escalada de costes".
Para la confederación, "las empresas necesitan estabilidad y previsibilidad para contratar, fijar precios y planificar su actividad, especialmente ante unos incrementos de costes energéticos que escapan por completo a su control".
CETM estima que "España necesita proteger la competitividad de su economía y evitar que el aumento de los costes energéticos vuelva a lastrar la actividad económica".
En defensa de la cláusula del gasóleo
En esta misma línea, la organización empresarial defiende la cláusula de revisión del precio del transporte en función del combustible y rechaza que "sea compleja o desestabilice las relaciones comerciales".
Además, su obligatoriedad ha permitido, a juicio de la patronal de transporte, "corregir, al menos en parte, la posición de dominio que tradicionalmente han ejercido los cargadores en la negociación de los precios del transporte, garantizando que las empresas transportistas puedan repercutir una variación de costes que no está en su mano controlar y que durante muchos años han tenido que asumir prácticamente en solitario".
Para CETM, "cuestionar ahora el carácter obligatorio y sancionable de la cláusula supone precisamente volver a trasladar al transportista un riesgo que la norma decidió repartir de forma más justa y equilibrada entre los integrantes de la cadena logística".
