A la vista de que el Gobierno ha sacado a consulta pública el proyecto de Orden del régimen de módulos para 2026, CETM anticipa que "previsiblemente, prorrogará el límite anual de facturación, tal y como ha ocurrido en los últimos ejercicios".
Frente a ello, la confederación considera que "ha llegado el momento de poner fin a estas continuas y repetidas prórrogas que, además de ir en contra del criterio del Comité Nacional de Transporte de que se elimine este sistema de tributación (un rara avis en el conjunto de sistemas fiscales europeos), han generado una inseguridad jurídica innecesaria porque, en varias ocasiones, no se ha sabido si se iba a prorrogar, no se ha conocido hasta el último día del año o hasta ya comenzado el año fiscal, como ocurrió el curso pasado".
La entidad argumenta que "el transporte de mercancías por carretera es un sector esencial para la economía de este país y necesita certeza y estabilidad en las reglas fiscales que se le aplican" y, consecuentemente, estima "necesario avanzar hacia un modelo fiscal más homogéneo y equilibrado, que reduzca las diferencias tributarias existentes y contribuya a fortalecer un marco común en el que puedan convivir todos los actores del transporte, independientemente de su volumen de facturación".
A juicio de CETM, "dicho modelo debería basarse en un sistema de estimación directa que contemple las deducciones correspondientes en el IRPF vinculadas a la actividad, tal y como ya ocurre en determinadas comunidades autónomas de este país, como las diputaciones forales vascas y la Comunidad Foral de Navarra".
Hasta 2016, el régimen de módulos venía acogiendo a los transportistas que no superasen una facturación anual de 450.000 euros, independientemente de si facturaban a empresas o a particulares. En 2016, los límites pasaron a ser de 150.000 euros con carácter general y de 75.000 euros en caso de que la mayor parte de los ingresos provinieran de empresas o profesionales, tal y como ocurre con la inmensa mayoría de los transportistas autónomos.
Tras esto, se pactó un periodo transitorio de dos años que elevaba provisionalmente el límite de 75.000 a 125.000 euros, y, desde entonces, este peróodo transitorio ha ido encadenando prórroga tras prórroga.
