Para Comisiones Obreras, la tramitación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los conductoes profesionales "se está instrumentalizando políticamente de forma ilegal".
Este sindicato asegura que "al no constituir ni convocar la comisión de evaluación, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social paraliza por la vía de hecho las solicitudes y pretende endosar el procedimiento al nuevo Gobierno”.
Silencio administrativo negativo
En esta misma línea, la central sindical alerta de que "el nuevo Gobierno podría incluso considerar que se han desestimado por ausencia de resolución expresa dentro del plazo de seis meses" existente legalmente, algo que se consideraría como un silencio administrativo negativo en relación con la autorización de los coeficientes reductores de la jubilación de los chóferes.
Sin embargo, Comisiones Obreras no indica que, por un lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está ocupado casi en exclusiva con la portavocía del Gobierno en pleno proceso electoral y que, por otro, el Ministerio de Trabajo y Economía Social parece volcado en que su titular encuentre puesto tras los comicios en la Organización Internacional del Trabajo y también (aunque menos) en la actualización del salario mínimo.
El sindicato señala que concluir el procedimiento administrativo previo es fundamental para que no decaigan estos procedimientos y dice no aceptar que el Ministerio de Seguridad Social "se escude en la convocatoria de Elecciones Generales para paralizar las solicitudes cuya tramitación está reglamentada".
Comisiones Obreras también cree que podría convocarse la comisión de evaluación para su decisión se haga pública después de las Elecciones del 29 de noviembre próximo.
En todo este contexto, la organización sindical celebra asamblea el próximo 28 de octubre para "concretar el contenido de las movilizaciones ante esta situación que afecta a miles de trabajadores del sector".
