El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se sentará desde este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio en la pandemia. Junto a él, serán juzgados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Hasta el 30 de abril, más de 70 personas comparecerán como testigos en el juicio, incluyendo a varios ex altos cargos de Transportes, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. También han sido llamados a declarar el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que presidieron en la pandemia las comunidades de Canarias y Baleares, y compraron mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.
El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que los tres acusados "convinieron" aprovecharse del cargo del entonces ministro para favorecer, "a cambio del correspondiente beneficio económico" de los tres, la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario.
Todo ello, a su juicio, con "ánimo de enriquecimiento" y "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que la presunta organización "estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas", empezando a debilitarse tras la salida de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.
Estructura de la organización
Luzón indica que Ábalos "aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa". Para el resto de oficios, señala, se valía de Koldo, que desempeñó un buen número de tareas de muy diversa índole, "tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas", antes y después de la etapa ministerial, que se extendió tres años.
Por su parte, Aldama es definido por Anticorrupción como "un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos", lo le habría permitido, en primer lugar, conocer las necesidades de compra de material sanitario en la pandemia, encontrar la empresa adecuada y confeccionar la oferta idónea para captar contratos, primero en Transportes y organismos satélite, y después en las administraciones canaria y balear.
Pena de prisión
Fiscalía pide en su escrito de acusación 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.
Para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que el fiscal.
