La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha valorado de forma positiva, aunque con cautela, el compromiso asumido este miércoles en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para garantizar la tramitación y aprobación del Real Decreto que regulará la jubilación anticipada de los conductores profesionales.
En octubre, se formalizó la solicitud conjunta entre las organizaciones empresariales mayoritarias en el sector del transporte junto con los sindicatos. Según la normativa vigente, la Administración disponía de un plazo máximo de seis meses para tramitar y aprobar el expediente, pero el límite expiró el pasado mes de abril, generando una profunda preocupación e incertidumbre entre los profesionales que esperan esta medida.
Ahora, tras una pregunta formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Republicano Inés Granollers, que calificó de "inadmisible" la falta de respuesta del Ministerio y exigió garantías de que la solicitud planteada por el sector no será desestimada por silencio administrativo, la ministra ha confirmado que el procedimiento sigue su curso.
Según Saiz, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ya trabaja en el informe técnico preceptivo sobre las incidencias y la duración de la prestación, estando aún pendientes los informes de la Dirección General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo.
Para Fenadismer, esta confirmación supone "un balón de oxígeno que disipa el temor al silencio administrativo negativo", pero insiste en que "no hay margen para más demoras", pues las condiciones de penosidad y peligrosidad, sumadas a los altos índices de siniestralidad asociados a la edad en el sector del transporte de mercancías por carretera, exigen que el texto normativo se apruebe con carácter inmediato.
Por ello, realizará un seguimiento estricto del avance de los informes técnicos y exige al Ministerio de Seguridad Social habilitar un canal de información fluido con los agentes sociales para conocer los plazos reales que maneja el Ejecutivo para la aprobación definitiva del Real Decreto.
