Un informe de Fedea concluye que retrasar la jubilación por la reforma de pensiones de 2011 elevó la mortalidad prematura entre los 60 y los 67 años hasta un 1,6%. El estudio vincula ese efecto al retraso de la salida efectiva del mercado laboral, que entre los afectados se alarga una media de 8,1 meses.
La tensión aparece en el propio diseño de la reforma. Mientras la norma buscaba elevar la edad efectiva de retiro, el análisis de Sergi Jiménez-Martín detecta un coste en salud mayor precisamente en los trabajos más duros, un punto que afecta de lleno a actividades como el transporte que ya están pidiendo vías de jubilación anticipada.
El estudio sitúa el mayor impacto en los hombres y en los trabajos físicamente exigentes
El trabajo lo firma Sergi Jiménez-Martín, investigador de la Universitat Pompeu Fabra, la Barcelona School of Economics y Fedea, a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales.
Además del aumento de la mortalidad prematura, el informe calcula que la probabilidad de jubilarse después de los 65 años sube 26,7 puntos porcentuales entre quienes quedaron afectados por la reforma. En paralelo, el impacto estadísticamente significativo aparece con más fuerza en los hombres, donde prácticamente duplica el registrado entre las mujeres.
Jiménez-Martín sostiene que obligar a prolongar la vida laboral tiene un coste en salud y añade que esa carga recae de forma desproporcionada sobre quienes desempeñan ocupaciones físicamente exigentes.
Ahí entran actividades que ya han pedido mecanismos específicos para adelantar el retiro, como taxistas y trabajadores del transporte, dentro de un debate que también se ha abierto sobre la jubilación anticipada en la conducción profesional.
La generación de 1962 llegará a 2027 con el impacto completo de la reforma
La cohorte nacida en 1962 será la primera que afronte todo el efecto de la reforma cuando cumpla 65 años en 2027. Para quienes no acrediten 38,5 años cotizados, la edad legal de jubilación quedará fijada en los 67 años.
Ese calendario coincide con la apertura de un procedimiento aprobado en 2025 por el departamento que dirige Elma Saiz para facilitar la jubilación anticipada en actividades excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. En ese marco siguen en tramitación solicitudes de colectivos como taxistas, camareras de piso, transporte y construcción.
De hecho, el debate ya alcanza a los coeficientes reductores que permitirían ajustar la edad de retiro por ocupación cuando la actividad acredite una especial penosidad.
Como alternativa, Sergi Jiménez-Martín propone explorar ajustes por densidad de cotización o vías específicas por ocupación para elevar la edad efectiva de jubilación de una forma más equitativa, en lugar de aplicar el mismo retraso a trayectorias laborales con exigencias físicas muy distintas.
La referencia más inmediata está en la generación de 1962, que cumplirá 65 años en 2027 y será la primera sometida por completo a la jubilación a los 67 años si no alcanza 38,5 años cotizados.
