El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Fegatramer que solicita se declare la nulidad de la prórroga de la AP-9.
La decisión del Alto Tribunal permite seguir adelante con el procedimiento interpuesto contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de revisión de oficio de la prórroga de la concesión de la AP-9, formulada ante el Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre de 2025, según informa la patronal gallega.
Profundo malestar en el sector
A este respecto, Fegatramer asegura que, "a pesar del profundo malestar de las empresas que integran las asociaciones representadas por Fegatramer, la junta directiva de esta federación gallega valora de forma muy positiva el ejercicio de contención de la CETM y su Presidente, ante las peticiones de una gran mayoría de las empresas del sector, que reclaman medidas más “contundentes”, evitando, así, perjudicar al conjunto de los ciudadanos".
Ahora, la organización empresarial espera "que este mismo sentido de la responsabilidad sea compartida por nuestros gobernantes, en particular por el Ministro de Transportes y el Ministro de Economía y que esta se traduzca en la adopción urgente de medidas, reales, eficaces y ajustadas a la situación de las empresas del sector, permitiendo así, no solo, garantizar la viabilidad de estas sino también evitar escenarios gravemente lesivos para la sociedad y por ello, indeseados".
Acciones judiciales iniciadas en julio de 2025
Fegatramer anunció en juilio de 2025 su intención de "iniciar todo tipo de acciones para poner fin al abuso que supone, para los transportistas de Galicia y para todos los ciudadanos gallegos el mantenimiento de los abusivos peajes en la AP-9".
Meses después, en septiembre del año pasado, la Xunta de Galicia volvía a exigir al Gobierno central el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9 y advierte de que si no hay respuesta, acudirá a la vía judicial.
En esta misma línea, este pasado mes de febrero, el Ejecutivo regional gallego recamaba al Gobierno central de la transferencia, el rescate y la gratuidad de la AP-9.
