Es lo que tiene la actual composición del arco parlamentario español en la actual legislatura: Que para sacar adelante una medida, o bien se juega a la ruleta rusa, o bien, si se quieren amarrar las cosas, hay que negociar no sólo con el Gobierno, sino también con sus socios de legislatura y coyunturales, con la oposición, la oposición de la oposición, los de una comarca y su vecina, y con los ujieres del Congreso si es necesario.
Viene esto a colación de que esta semana, el Congreso de los Diputados tiene que decidir si convalida o no el último Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de transporte, el que ha modificado la cláusula de revisión de precios del transporte por variación en los precios del combustible para adaptarla a la actual coyuntura, para hacerla obligatoria y sancionar su falta de aplicación.
El contenido de la norma y su oportunidad parecen contar con un consenso adecuado. Tampoco se conocen declaraciones acaloradas en contra. Pero nunca se sabe.
Tensión a la espera de las votaciones
Precisamente la difícil situación política del país, traducida a la aprobación de una medida casi técnica, podría decirse si no fuera por sus profundas implicaciones en la formación de los precios que pagan los consumidores en los establecimientos comerciales, está tensando al sector del transporte, que cruza los dedos a la espera de la votación prevista para este viernes, 30 de abril.
Todo ello se ha dejado traslucir en el acto de clausura de la asamblea anual de CETM Madrid celebrada esta semana.
En este evento, el presidente del Comité Nacional del Transporte, Javier Arnedo, a la sazón presidente también de Conetrans, ha solicitado a Luis Miguel Torres, director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, región gobernada por el PP, apoyo para que la medida salga adelante con el voto favorable, o al menos la abstención, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toda medida de presión, como se ha dicho antes, se antoja escasa dada la magnitud de lo que se juega el sector y la precariedad legislativa actual, máxime si es lícita y pública, como es el caso.
Torres, por su parte, ha recalcado el apoyo del Partido Popular al transporte, así en genérico y se ha comprometido a trasladar la petición de CETM a los diputados de su formación, aunque también ha deslizado que ve posible que el Gobierno recurra a incorporar alguna otra medida en la norma objeto de debate, lo que complicaría, en función del caso en cuestión, el apoyo popular.
Esta regulación, en vigor desde el pasado 16 de abril, precisa que la cláusula de revisión por el precio del combustible se aplicará "de manera ineludible" y que "se reflejará obligatoriamente en la factura de manera desglosada", algo que Javier Arnedo considera "primordial" para el transporte de mercancías por carretera español en los difíciles momentos que deja la guerra de Irán.
