A pesar de la rebaja del IVA y del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos aprobada por el Gobierno, las grandes petroleras han elevado sus precios de referencia en menos de dos días, neutralizando cualquier alivio en los costes de explotación de los transportistas.
El sector se encuentra en una situación de absoluta indefensión, ya que como ha denunciado la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, estas medidas resultan ineficaces si no existe un control estricto sobre las operadoras que evite una transferencia directa de los fondos públicos hacia sus cuentas de resultados.
Fenadismer lamenta que el esfuerzo fiscal del Estado esté sirviendo, en la práctica, "para que las petroleras incrementen sus márgenes de beneficio" a costa tanto de los consumidores particulares y profesionales como del propio erario público. Por ello, ha exigido al Gobierno una vigilancia estricta de los criterios de fijación de los precios de referencia y la aprobación de un Paquete de medidas urgente para el sector, que alivie la escalada incontrolada de los precios de los carburantes a consecuencia de la guerra de Irán.
De lo contrario, advierten, la estabilidad de la cadena de suministro se verá comprometida de manera inminente. La Federación Valenciana de Empresas del Transporte comparte también esta sensación y alerta de que el incremento "descontrolado" del precio del combustible está obligando a las empresas a operar con márgenes negativos, asumiendo en solitario unos sobrecostes "insostenibles".
Medidas insuficientes
“Las medidas adoptadas hasta ahora no solo son insuficientes, sino que no están llegando de forma efectiva al transportista”, lo que está llevando al sector al borde del colapso. Esto, a su vez, pone en riesgo el abastecimiento y la estabilidad de la economía productiva, porque "si el transporte se detiene, se detiene el país".
Desde FVET, reclaman ayudas directas al transporte que permitan compensar el impacto real del incremento del precio del gasoil. En concreto, plantean un apoyo mínimo de 1.500 euros por vehículo pesado y de 750 euros por vehículo ligero, que debe activarse de manera ágil y sin limitaciones administrativas que dificulten su acceso.
Además, exigen una revisión inmediata y efectiva de la cláusula del combustible, de manera que el combustible pase a representar el 40% de los costes en el transporte pesado de carga general, el 30% en vehículos de hasta 16 toneladas y el 20% en el transporte ligero, para reflejar de forma realista el impacto en la estructura de costes del sector.
