La guerra en Irán está teniendo un gran impacto en los precios de la energía, con un sobrecoste estimado para el sector del transporte de más de 250 millones de euros en estos 20 días de conflicto. Por ello, el Ministerio de Economía ya ha confirmado la vuelta al sistema de devoluciones directas del gasóleo profesional que estuvo vigente en 2023.
No obstante, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España cree que también es imprescindible resolver cuanto antes la inseguridad jurídica creada tras el rechazo del Congreso a la prórroga de los límites de módulos en febrero. Por ello, ha intensificado sus negociaciones con los grupos políticos para conseguir que el próximo Real Decreto-Ley de medidas urgentes por las consecuencias económicas de la guerra de Irán, que se aprobará este viernes, incorpore dicha prórroga.
El sector demanda mantener el límite de facturación anual en 125.000 euros para que los transportistas puedan seguir acogidos a este sistema de tributación simplificada durante 2026. De no ser así, miles de autónomos se verían obligados a abandonar el régimen de módulos, lo que supondría un gran incremento de su carga fiscal y administrativa.
Fenadismer confía en que el Ejecutivo atienda esta demanda histórica del sector, evitando así la expulsión de facto de más de 30.000 transportistas del sistema de módulos y garantizando la supervivencia del tejido empresarial más vulnerable. El objetivo es blindar la estabilidad fiscal de los profesionales autónomos en un momento de máxima volatilidad económica por la escalada de costes derivada de la guerra.
En este sentido, el nuevo Decreto-Ley permitirá tanto el restablecimiento de las ayudas directas por vehículo para compensar la escalada en el precio de los carburantes como el incremento del porcentaje del peso del combustible en la actualización obligatoria de las tarifas de transporte en función del alza del precio del gasóleo, reforzando el cumplimiento de la Ley de la Cadena del Transporte.
