Tras 19 días de escalada del conflicto bélico en Oriente Medio y de una absoluta incertidumbre en el mercado energético mundial, el precio del diésel ya ronda los dos euros por litro en muchas gasolineras, lo que supone un incremento de más del 30% en poco más de dos semanas, sin que se prevea un cambio de tendencia a corto plazo.
Sin embargo muchas empresas cargadoras de Galicia, varias de ellas de gran importancia, se niegan a actualizar las tarifas de los servicios de transporte que contratan, incumpliendo la Ley Orgánica 15/2009, de 11 de noviembre, de Contrato de Transporte de Mercancías. En varios casos han asegurado que no pueden subir los precios o que el aumento será “el que puedan a fin de mes”, instando a los transportistas a seguir trabajando “por responsabilidad” o buscar otros clientes, ignorando que la Ley les obliga a actualizar las tarifas por el aumento del combustible.
Así lo han explicado desde la Asociación de las Pymes y Autónomos Transportistas de Galicia, Vieiros, que aunque reconoce el comportamiento otras cargadoras que entienden y aceptan como corresponde la actualización de tarifas, quiere recordar a cargadores e intermediarios que con un incremento del gasóleo superior de tal calibre, la actualización de las tarifas conforme a la cláusula de revisión no solo es una obligación legal, sino también una necesidad para la supervivencia de las pymes y los transportistas autónomos.
Muchos de ellos se verán al límite de su capacidad de resistencia si en los próximos días no logran aclarar y concretar la actualización de las tarifas a sus clientes. Por ello, cada vez más afirman que la situación es insostenible y desde Vieiros, consideran que si en los próximos días los cargadores no muestran otras intenciones y el Gobierno no aclara las medidas inmediatas de apoyo al sector, los profesionales del transporte no tendrán más remedio que paralizar su actividad.
Peticiones al Gobierno
De hecho, este martes ha tenido lugar una reunión del Consejo de Ministros en la que no se ha adoptado ninguna medida para dar una respuesta a la situación que atraviesa el sector, pese a las reiteradas peticiones de las organizaciones de transportistas, que ya se han reunido con los ministros de Transportes y Economía.
Desde la Asociación insisten en la necesidad de aplicar un descuento mínimo de 25 céntimos por litro de combustible, y promover ayudas directas al transporte de mercancías en función del tipo de vehículo, de un mínimo de 1.500 eruos por tractora o camión rígido y 750 eruos por furgoneta.
También piden incrementar en 10 puntos porcentuales el índice de la cláusula de indexación del combustible para todo tipo de vehículos, pasando en pesados del 30% al 40%, en intermedios de entre 3,5 y 20 toneladas del 20% al 30%, y en furgonetas ligeras de hasta 3,5 toneladas, del 10% al 20%. Para terminar, reclaman abrir una investigación sobre las causas del aumento injustificado del precio del combustible, sin relación alguna con la fluctuación del precio del barril de crudo, dando traslado a los organismos de control de la competencia.
