Desde el 5 de octubre, las empresas asociadas a la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística están compartiendo diferentes incidencias derivadas de la generación del Documento Electrónico de Control Administrativo, obligatorio para el transporte interior y operaciones de cabotaje por territorio español.
Los transportistas han detectado numerosos problemas asociados a la integridad y modificación de datos, al funcionamiento de las aplicaciones y a la ausencia de seguridad a la hora de saber si está bien hecho el documento y se cumple con todas las exigencias.
Es por ello que desde FVET han pedido mayor flexibilidad en la aplicación de la normativa para facilitar la adaptación de las empresas. En la práctica, esto se traduciría en un periodo transitorio hasta exigir el pleno cumplimiento de las nuevas obligaciones, evitando "la incertidumbre que generan en las pequeñas y medianas empresas las numerosas ambigüedades a cerca de su implantación".
En este sentido, señalan algunas "indeterminaciones de la normativa" relacionadas con quién debe emitir el documento, lo que ha llevado a que muchos cargadores se nieguen a hacerlo. Además, el uso del DeCA implica la pérdida de flexibilidad a la hora de incorporar cambios, considerar la subcontratación en el último momento y tener en cuenta circunstancias que no están suficientemente concretadas a la hora de iniciar el servicio de transporte o que se producen durante el viaje.
“Para algunos subsectores, relacionados con procesos de distribución compleja (carga fraccionada, última milla, etc.) es prácticamente imposible contemplar todas las variables que exige el DeCA”, explica Carlos García, secretario general de FVET. A ello se añade, además, que algunas de las aplicaciones ofrecidas por entidades públicas para gestionar el DeCA, como el propio Ministerio de Transportes, se han puesto en marcha en el último momento, por lo que no ha habido posibilidad de rodaje previo por parte de los usuarios.
