Segundo aviso, pero con la boca pequeña.
Si a finales de abril, era Comisiones Obreras el sindicato que amenazaba el inicio de "contactos con el resto de organizaciones sectoriales, tanto de trabajadores asalariados como de autónomos y empresas, para consensuar un calendario de movilizaciones que sin duda desembocará en una convocatoria de huelga general de todo el transporte en España", ahora es UGT la que amenaza con "una posible convocatoria de huelga indefinida en junio en el sector del transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías".
A juicio de esta central sindical, "la Administración está retrasando la resolución de los expedientes relacionados con los coeficientes reductores para la jubilación de los conductores".
Para esta organización, dicha situación es "algo injusto y perjudicial para la salud y seguridad de los trabajadores".
Sin embargo, el fraseo de los comunicados de Comisiones Obreras, antes, y de UGT, después, no reflejan la seguridad y contundencia que suele caracterizar la habitual retórica de los representantes de los trabajadores.
¿Quién me ha robado el mes de abril?
El caso es que la Seguridad Social debería haber tomado una decisión antes del final de este pasado mes de abril sobre la aplicaicón de coeficientes reductores de la edad de la jubilación para los chóferes y no ha sido así.
Esta circunstancia constata que ni empresas de transporte, ni usuarios son responsables de este retraso, achacable según la Seguridad Social, a las dificultades técnicas en el proceso desplegado legamente y a que el transporte es uno de los primoers sectores en que se aplica.
Además, y quizás lo más importante de todo este rompecabezas, hay que tener en cuenta el actual contexto geopolítico y su traslación a la economía española, que ya empieza a sentir el profundo desgaste de la guerra de Irán en forma de altos precios de los combistobles, elemento que es un tercio de los costes de los transportistas.
En cualquier caso, debe de ser difícil para Comisiones Obreras y para UGT convocar huelga contra un Ministerio de Trabajo que es claramente favorable a sus intereses y, especialmente, en un contexto de difíciles equilibrios políticos para un Gobierno de coalición y en minoría parlamentaria.
