La Asociación de Cargadores de España comparte el objetivo del Gobierno de incrementar la cuota del transporte ferroviario de mercancías. Sin embargo, considera que el sistema de ayudas será incompleto y perderá eficacia si limita la condición de beneficiarias a las empresas ferroviarias y excluye a los cargadores.
El proyecto presume que las ayudas a empresas ferroviarias se trasladarán indirectamente a sus clientes, pero no establece ningún mecanismo obligatorio, medible y verificable que garantice esa repercusión, a pesar de que las empresas cargadoras son quienes deciden qué modo de transporte utilizar, contratan el servicio y comprometen los volúmenes de mercancía que hacen viable la operación ferroviaria.
Además, cuando las obras o las restricciones de capacidad impiden que los trenes circulen por los corredores previstos, son quienes soportan buena parte de las consecuencias económicas derivadas de la contratación urgente de transporte por carretera, los transbordos y acarreos adicionales, el almacenamiento, la manipulación extraordinaria de la mercancía, la inmovilización de inventarios y los incumplimientos de los plazos de entrega.
Por ello, ACE solicitará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que los cargadores que organicen y contraten el transporte ferroviario puedan ser beneficiarios directos de las ayudas, estableciendo las medidas necesarias para evitar la doble financiación de una misma operación.
En caso de que las ayudas continúen concediéndose únicamente a las empresas ferroviarias, reclamará que se garantice el traslado de una parte verificable a los cargadores mediante descuentos, abonos, reducciones tarifarias o mejoras cuantificables del servicio.
