La Comisión Europea faclitará el otorgamiento de ayudas estatales al transporte multimodal

La Comisión Europea redobla su apoyo a la sostenibilidad y actualiza el marco legal de las ayudas estatales para impulsar el transporte multimodal.

17/03/2026 a las 9:20 h
La Comisión facilita a los Estados la concesión de ayudas directas para impulsar la multimodalidad.
La Comisión facilita a los Estados la concesión de ayudas directas para impulsar la multimodalidad.

La Comisión Europea ha dado luz verde esta semana a nuevas Directrices sobre las ayudas estatales en el sector del transporte terrestre y multimodal, así como a un nuevo Reglamento de exención por categorías para el transporte.

Según el criterio de colegio de comisarios, estos instrumentos apoyan modos de transporte más sostenibles, tanto de pasajeros como de mercancías, y actualizan el marco de ayudas estatales de la Unión en materia de transporte terrestre y multimodal.

La nueva normativa entrará en vigor este 30 de marzo. A su vez, el Reglamento estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2034. 

Directrices sobre las ayudas estatales en el sector del transporte terrestre y multimodal (Directrices TTM)

Las Directrices TTM establecen las condiciones en las que se consideran compatibles con el mercado interior las ayudas estatales que deben notificarse a la Comisión para su aprobación antes de que puedan concederse.

En particular, estas nuevas Directrices abarcan todos los modos de transporte terrestre que son más sostenibles que el transporte por carretera, como el ferrocarril, el transporte por vías navegables interiores y el transporte multimodal sostenible.

Concretamente, en lo que respecta al transporte multimodal, al menos uno de los modos de transporte utilizados debe ser el ferrocarril o las vías navegables interiores, o combinar el transporte terrestre con el transporte marítimo de corta distancia.

De igual modo, las Directrices aclaran las posibilidades de concesión de varias ayudas de funcionamiento y a la inversión, como las destinadas a la construcción y mejora de instalaciones de servicios ferroviarios y de vías navegables interiores, y las ayudas para poner en marcha nuevas conexiones comerciales por ferrocarril y vías navegables interiores.

Así mismo, también clarifican las posibilidades de ayuda en forma de reembolso por la ejecución de obligaciones de servicio público en el sector del transporte ferroviario de mercancías.

Por otor lado, introducen normas más flexibles aplicables a las ayudas que contribuyan directamente a las transiciones ecológica y digital, entre otras las destinadas a reducir los costes externos del transporte y las que promuevan la interoperabilidad, tales como las ayudas para un funcionamiento más seguro y eficiente de todos los sistemas ferroviarios nacionales.

En este sentido, estas disposiciones están pensadas para impulsar la transición del transporte por carretera hacia modos de transporte más sostenibles, al tiempo que se vela por que las ayudas sigan siendo específicas y proporcionadas.

Por último, las Directrices incorporan también salvaguardias para favorecer la entrada y la expansión de nuevos operadores en los mercados de transporte terrestre sostenible.

Con ello facilitan el acceso de las pymes, las pequeñas empresas de mediana capitalización y los nuevos participantes a la financiación para la compra de material rodante y buques de navegación interior, al tiempo que se preserva una competencia efectiva.

Reglamento de exención por categorías para el transporte (RECT)

El RECT complementa las Directrices al eximir a determinadas categorías de ayudas en los sectores del ferrocarril, el transporte por vías navegables interiores y el transporte multimodal sostenible del requisito de notificación previa y aprobación por parte de la Comisión.

A juicio de la Comisión, este nuevo marco de exención constituye una importante simplificación que facilita a los Estados miembros conceder rápidamente ayudas cuando se cumplan las condiciones.

Como consecuencia, los Estados miembros podrán conceder ahora diferentes ayudas sin necesidad de la aprobación previa de la Comisión, lo que permitirá obtener más resultados con más rapidez, al tiempo que se reducen la carga administrativa.

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