Vicente Boluda Fos, presidente de la Asociación de Navieros Españoles, ha aprovechado el acto público posterior a la Asamblea General para reclamar que los ingresos generados por la inclusión del transporte marítimo en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión se destinen a financiar su descarbonización. Esta cuestión es una de las prioridades del sector ante la próxima revisión del ETS marítimo, prevista por la Comisión Europea para mediados de juli
Según los datos de la Comisión, en el primer ejercicio de aplicación del sistema las navieras sujetas a la Administración española entregaron más de cinco millones de derechos de emisión, con un valor aproximado de 380 millones de euros, con lo que las proyecciones apuntan a más de 5.000 acumulados hasta 2030. Frente a estas cifras, Boluda denuncia que el Plan Nacional de Descarbonización del Transporte Marítimo prevé solamente una inversión de 250 millones entre 2026 y 2030.
Además, la revisión del ETS europeo debería dirigirse a preparar una futura convergencia con el marco internacional de la OMI, y “no a consolidar un sistema regional permanente que se solape con el marco internacional”. Por otra parte, ha exigido mantener y ampliar las exenciones para islas y regiones ultraperiféricas, como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y ha reclamado que la revisión del ETS evite el trasvase de cargas desde el mar a la carretera.
Día Internacional del Marino
La Asamblea ha coincidido este año con el Día Internacional del Marino, cuya labor a bordo ha querido reconocer el presidente. “El transporte marítimo depende de los buques, pero sobre todo depende de las personas que los operan”, ha recordado Boluda, que ha apuntado que “sin ellas no hay comercio marítimo, conectividad insular, abastecimiento regular, industria, crecimiento económico ni transición energética posible”.
Así, respecto a la situación en el estrecho de Ormuz, considera que “la seguridad de las tripulaciones debe estar por delante de cualquier otra consideración”, ha afirmado. En lo referente a los efectos económicos de la crisis, Vicente Boluda ha recordado que “hay que evitar que una subida excepcional del precio de los combustibles, repentina y ajena al funcionamiento ordinario del mercado altere el equilibrio del sistema de transporte, debilite rutas marítimas necesarias o reduzca la resiliencia de las cadenas de suministro”.
Por ello, ha agradecido la respuesta del Gobierno mediante los reales decretos-ley 7/2026 y 9/2026, que reconocen la importancia de los servicios marítimos regulares insulares y de los servicios de carga pura esenciales para el abastecimiento de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Igualmente, ha valorado la aprobación de la Estrategia Marítima de España 2025-2050, que debe convertirse en una herramienta útil de trabajo, con calendario, responsables, presupuesto y seguimiento, por lo que ha propuesto poner en marcha cuanto antes el Comité Asesor Marítimo.
En este contexto, ha situado entre las prioridades la competitividad de la marina mercante española y, dentro de ella, la situación del Registro Especial de Canarias. A 1 de enero de 2026, la flota controlada por navieras españolas estaba integrada por 202 buques y 4,8 millones de GT, pero el tonelaje bajo pabellón nacional ha caído por debajo de los 2 millones de GT por primera vez en más de dos décadas.
Prórroga de las ayudas y reducción de los efectos negativos de la Directiva ETS
En su intervención, el secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, señaló que confía en una posible prórroga de las ayudas a los combustibles para los servicios marítimos regulares insulares en los próximos días. En materia de descarbonización, defendió que “es siempre preferible una regulación global, unas mismas reglas del juego, cuando toca afrontar un problema”.
En relación con la próxima revisión de la Directiva ETS, consideró también que debe trabajarse para que sus efectos negativos no se traduzcan en una pérdida de competitividad de los sectores marítimos europeos. En particular, Núñez ve esencial que los territorios insulares y las regiones ultraperiféricas “tengan un trato distinto” y coincide en la necesidad de evitar que la aplicación del ETS provoque un trasvase modal contrario a los objetivos ambientales de la norma.
Asimismo, afirmó que el esfuerzo económico que realiza el sector mediante la adquisición de derechos de emisión “debe tener un retorno al propio sector”. En cuanto a la Estrategia Marítima Nacional, anunció que la semana que viene se lanzará la consulta pública sobre la creación del Comité Asesor Marítimo.
