La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado esta semana dos estudios en los que analiza el funcionamiento de los principales servicios prestados en la red de puertos de interés general de nuestro país.
En términos generales, ambos documentos constantan que "hay poca competencia y persiste una regulación ineficiente" en el sistema portuario español.
En este contexto, Competencia argumenta que potenciar la competencia en los puertos podría mejorar la economía y el bienestar de los consumidores, fomentando menores costes, mejor calidad de los servicios, aumentos en el tráfico de mercancías y pasajeros, la llegada de nuevas industrias o incentivos a la innovación y a la inversión, dado que "en muchos casos, los servicios se prestan en un régimen de monopolio o con escasa competencia".
De manera particular, los dos estudios detectan una serie de barreras a la competencia y a la eficiencia en los puertos del país que, en general, se originan por normativas, sistemas de licencias y concesiones.
Además, Competencia también señala limitaciones en la actualización y transparencia de los pliegos y concesiones y, en algunos casos, requisitos excesivos para operar.
Así mismo, para la Comisión, el practicaje se presta en régimen de monopolio por ley, mientras que, por otro lado, constata además restricciones de acceso a la profesión de práctico y de estibador que dificultan el acceso a los interesados.
A su vez, en los servicios de remolque, se exigen barcos con bandera española, mientras que en manipulación de mercancías, hay rigideces en la organización del trabajo (los turnos, la movilidad funcional o los equipos), en la contratación y en la automatización.
Recomendaciones de Competencia
Con todo ello, el ente regulador elebora una serie de recomendaciones destinadas a impulsar la eficiencia y competencia en estos servicios, como promover un marco transparente, eficiente y competitivo, actualizar los pliegos de prescripciones y condiciones particulares a la normativa vigente y diseñarlos con un enfoque procompetitivo, reformar el sistema de licencias y autorizaciones, incluidas en su caso las tarifas máximas, que permitan los máximos niveles de competencia, e impulsar la transparencia de las concesiones demaniales mediante la creación de un registro, establecer sistemas de competencia por el mercado mediante concursos en los casos en que no sea viable la competencia en el mercado, elaborar sistemas de incentivos y desempeño procompetitivos, valorar introducir un regulador y supervisor independiente y promover más competencia y eficiencia en servicios prestados a los buques:
Concretamete, en el practicaje, Competencia aboga por eliminar el monopolio legal y mejorar el acceso a la profesión, así como flexibilizar las exenciones del buque y valorar la introducción del practicaje desde tierra.
Así mismo, para los servicios de remolque, la entidad reclama que se asegure la proporcionalidad en su obligatoriedad, replantear el requisito de bandera española en los remolcadores y que se valoren alternativas procompetitivas sobre la propiedad de los activos.
Adicionalmente, para la recepción de desechos Marpol, el ente regulador pide delimitar los tipos de licencias para maximizar la competencia, homogeneizar los conceptos sujetos a las tarifas y revisarlas en caso de desajuste persistente entre ingresos y gastos.
Por otra parte para el suministro de combustible o bunkering, se reclama que se clarifique la clasificación legal del servicio sin incrementar las barreras regulatorias y aumentar la transparencia de los precios.
De igual manera, para el servicio al pasaje, la entidad exige examinar la eficiencia de los distintos modelos de explotación de terminales.
El caso de la estiba
Por último, para que haya más competencia y eficiencia en los servicios de estiba y manipulación de mercancías, Competencia reclama que se facilite el acceso a la profesión de estibador: revisar la duración de la formación, facilitar la homologación de trabajadores europeos y que se refuerce la independencia de las evaluaciones, así como que se evalúe la eficiencia de que existan los CPE, en lugar de ETT y se eliminen obstáculos injustificados a la libertad de las empresas para escoger entre modelos para conseguir trabajadores portuarios.
En esta misma línea, también se pide que se incremente la flexibilidad en la organización del trabajo portuario y que se elimine el régimen de preferencia por los trabajadores de los CPE, que se mejore el marco regulatorio para no obstaculizar la inversión en automatización, que se refuerce la eficiencia en los Puntos de Inspección Fronterizos y que se revise el sistema de concesiones portuarias, principalmente en lo relacionado con los plazos óptimos.
