El pasado 17 de julio, el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para la financiación de la construcción naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011.
Esta decisión mejoró ligeramente la avanzada por el comisario Joaquín Almunia, ya que la devolución afecta a financiadores y no a armadores y se limita al periodo 2007-2011, en lugar de remontarse a 2005.
Soria ha reconocido que la decisión de Bruselas fue "mejor que aquella que se había anunciado", pero "no la que esperaba el Gobierno", por lo que consensuó con las partes implicadas, los gobiernos de Asturias, Galicia y el País Vasco, sindicatos y la patronal Pymar, la interposición de un recurso.
El mimistro ha insistido en que "hay argumentos jurídicos sólidos para recurrir esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE" porque atenta contra la confianza legítima y la seguridad jurídica "de acuerdo a las cuales han actuado siempre los astilleros, los armadores y los bancos".
"La Comisión ha tenido una actitud dubitativa y vacilante a lo largo de estos diez años, suficiente para que las partes interesadas en el sistema confiaran" en él, lo que sería suficiente para acreditar falta de seguridad jurídica.
Sin embargo, a petición del sector, el Gobierno ha descartado pedir medidas cautelares por dos motivos: no entorpecer la gestión de la devolución de las ayudas y porque "nunca el Tribunal de Justicia de la UE ha admitido medidas cautelares en un recurso".
Soria no ha precisado la cuantía de las ayudas que tendrán que devolver los financiadores, que todavía está siendo evaluada por el Ministerio de Hacienda, pero ha asegurado que será lo más ajustada posible y que la cifra estará "muy lejos" de la inicialmente estimada de 2.000 millones de euros.
El diputado socialista José Blanco ha considerado que la decisión "injusta y arbitraria" de la Comisión "puede echar a perder la industria naval europea frente a la competencia asiática" y ha pedido al Gobierno "una verdadera política estratégica para el sector naval".
Por su parte, la diputada de CiU Inmaculada Riera ha reiterado que "España ha demostrado que tiene potencial en este sector, que puede y debe potenciarse" a pesar del "coste" que ha supuesto "el tiempo transcurrido en espera de una respuesta".
El diputado del PNV Pedro Aspiazu ha recordado que "el sector y los trabajadores ya están sufriendo en sus propias carnes la incertidumbre que se ha generado desde que se recurrió el sistema" y que ahora "la duda es si vamos a poder recuperar posiciones".