Representantes de Aesba, Ateia, el Colegio de Agentes de Aduanas, Comport y la Cámara de Comercio han analizado junto a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras la aplicación provisional del nuevo Tratado sobre Gibraltar previsto para el 10 de abril de 2026.
Ante la proximidad de esta fecha, los empresarios han mostrado su preocupación por la falta de información y concreción en cuestiones aduaneras, asegurando que actualmente no hay infraestructura necesaria ni medios humanos suficientes para cumplir con los requerimientos a partir de esa fecha.
Asimismo, solicitan más información directa sobre los detalles del acuerdo que afectará a las más de medio centenar de empresas transitarias y representantes aduaneros que operan en el puerto. En este sentido, los operadores económicos exigen garantías y seguridad en los intercambios comerciales con Gibraltar.
Igualmente, el sector de servicios al buque ha alertado de la incertidumbre que genera el Tratado en cuestiones como las operativas de aprovisionamiento de los barcos o los cambios de tripulación. Tal y como está planteado el acuerdo, supondrá una desventaja competitiva para el territorio español.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, ha mostrado su apoyo al sector y ha abogado por un escenario de reciprocidad que suponga un tablero de juego “equilibrado y justo” para todos los operadores. Además, ha reclamado más inversión en infraestructura y recursos humanos en las administraciones para garantizar la fluidez y la seguridad en el tránsito de mercancías y en la prestación de servicios a los buques.
Por ello, volverá a remitir una misiva al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como ya hizo en junio de 2024, para trasladarle la preocupación de las principales organizaciones y asociaciones sobre Gibraltar para que se tengan en cuenta los intereses nacionales. Así, es fundamental prestar especial atención a asuntos como la regulación y el control del tráfico marítimo, tener en cuenta la inexistencia de un control aduanero marítimo en Gibraltar y establecer un marco normativo recíproco en el derecho de establecimiento para las empresas de ambos territorios, que esté sujeto a la normativa europea.
